La Comisión de Energía, Petróleo y Minas de la Asamblea Nacional adelanta el diseño del proyecto de reforma a ley de Minas, normativa con la que se busca poner orden en la actividad minera, proteger el medio ambiente y generar ingresos a la nación.
El texto posee 27 artículos dedicados exclusivamente al ambiente y un título exclusivo que establece la obligación para todos los titulares de derechos mineros de tener permisos ambientales.
El documento elaborado por los asesores legales de la comisión parlamentaria amplía el lapso de las concesiones mineras estableciendo que las mismas serán por 20 años, con posibilidad de solicitar dos prórrogas de 20 años más cada una.
Plantea la creación de un Registro Único Minero lo que le dará forma jurídica a la actividad y brinda bienestar y seguridad a los trabajadores mineros con el fin de preservar su salud física y mental.
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En el proyecto de ley se prohíbe que niños y menores de edad trabajen la minería y la violación de esta norma puede ser causal de caducidad de la concesión.
El Estado se reserva áreas estratégicas para la explotación y cuando considere que ya éstas han perdido valor estratégico, las libera para que se ejerza en ella la minería pequeña o la artesanal. La minería artesanal solo podrá ser ejercida por venezolanos en el territorio asignado y quien explote oro debe vender 50 % de la producción al Banco Central de Venezuela. Si le vende el 100 % está exento de pagar IVA.
Otro aspecto importante del proyecto presentado es que se requiere la aprobación de la Asamblea Nacional para otorgar permisos de exploración y explotación de los minerales estratégicos. Las modalidades para autorizar la explotación serán por alianzas mineras y asociaciones mineras.
En cuanto a las regalías se establece que las mismas se pagarán mensualmente en dinero o en especies y serán un porcentaje de la venta del mineral. El oro, plata y el platino pagarán un 8 %; 6 % para diamantes y demás piedras preciosas y 7 % otro mineral. La minería artesanal no pagará regalías.
La fiscalización, control y vigilancia de las actividades mineras será una función del Ejecutivo para tener una minería responsable con una certificación real.
La Comisión de Energía, Petróleo y Minas aspira que la ley sea sancionada por la AN antes que termine el periodo legislativo.
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