Rafael Trejo Burguera y José Luis López , presidente de Fedecámaras Carabobo y la Comisión Electoral, juramentaron la nueva directiva de Capemiac.(Cortesía Capemiac)
Antonello Lorusso fue electo para dirigir la Cámara de Pequeños-Medianos Industriales y Artesanos del Estado Carabobo (Capemiac) en el período 2021-2023, luego de que este miércoles 30 junio se llevaran a cabo la presentación de la Memoria y Cuenta de la junta directiva saliente y las elecciones en esta institución.
A Lorusso lo acompañan en su equipo Isaac Pérez Yunis, Pedro Borges, Vicenzo Di Cristofaro y Manuel Pérez Rodriguez como primero y segundo vicepresidentes, tesorero y secretario; respectivamente. Los directores son Ramón Hidalgo, Ronald Gutierrez, Lulemar Teppa, Ernesto Abbass, Raúl González (hijo), Luis Cornejo, Liliana Ostos, María Auxiliadora Avila, Franco Avendaño y Sheila Polanco.
En el acto, realizado en la sede de la institución y que tuvo la presencia del presidente de Fedecámaras Carabobo, Rafael Trejo Burguera; Elizabeth Brandt Lores presentó la Memoria y Cuenta de su gestión, la cual fue aprobada de forma unánime; al tiempo que se otorgó la Orden Capemiac a Ramón Hidalgo, Amilcar Hernández y María Elena Barreto.
De igual forma, los integrantes de su equipo y el personal administrativo de este ente entregaron un reconocimiento a la presidenta saliente.
En sus primeras palabras como presidente, Lorusso destacó la importancia del trabajo en equipo, por lo que durante su gestión se potenciará el desarrollo de las comisiones de trabajo en el gremio.
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Anunciaron la conformación de una Comisión Presidencial para recuperar espacios de la Universidad Central de Venezuela (UCV), así lo afirmó la vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodriguez.
El anuncio lo hizo durante una reunión con al Federación Venezolana de Estudiantes Venezolanos.
«Vamos a entrar en coordinación inmediata para elaborar este proyecto y recuperemos todos los espacios de este recinto universitario», dijo.
El grupo estará conformado por Trompiz, de Cultura, Ernesto Villegas, el ministro de Obras Públicas, Raúl Paredes, de Interior y Justicia, Carmen Meléndez, el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, el jefe del Distrito Capital, Nahum Fernández y la presidenta de la Misión Venezuela Bella, Jaqueline Faría.
Este viernes 2 de julio seguían las largas colas para cargar gasolina en las estaciones de servicio habilitadas en el oeste, centro y parte del este de Caracas.
En un recorrido hecho por Descifrado por al menos cuatro bombas de la ciudad se evidencio que la promesa del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, sobre la eliminación de las filas en el mes de julio tampoco se cumplió.
Al norte de la ciudad, en una muy concurrida estación de servicio hubo gritos y protestas de parte de varios conductores habilitados para cargar gasolina pues «para algo debe servir el racionamiento que nos impusieron para comprar gasolina barata. Cada cinco días nos toca y cada cinco días no nos cumplen, tengo 4 horas parado y nada de que aparece la gasolina» dijo a Descifrado Jorge Moya, vecino de la parroquia Altagracia.
Otra conductora, Melva de Paredes, intervino para denunciar que «aca, casi al frente del TSJ hay una matraca que cobra comisión en dólares a gente que no le toca echar gasolina. La cola VIP esta a media cuadra del tribunal y hasta ellos hoy no están cargando los tanques de sus enormes camionetas», informo a Descifrado.
Más adelante, en San Bernardino, una gran cantidad de carros bordeaban a otra E/S en donde se supone que llegaba gasolina esta mañana. A media tarde, seguía la espera. «Si tiene como pagar gasolina a precio internacional, siga a Las Mercedes, aca no llegará nada al menos hoy» exclamó un operario de la E/S.
Pese a esta advertencia, cientos de conductores no se fueron de San Bernardino. «Aca siempre llega la gandola, así que no nos vamos» dijo un adulto mayor quien no quiso identificarse.
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En un boletín de Cedice, Observatorio de Derechos de Propiedad se dice que Venezuela vive una institucionalidad esquizofrénica. Por un lado, desde la instancia que funciona como parlamento, se promulga una Ley de Zonas Especiales, que pretende proporcionar garantías a los inversionistas extranjeros en determinadas regiones del país para emprender, con ayudas del Estado y exoneración de impuestos, para fomentar con la mayor fuerza posible su actividad empresarial. En añadidura, el presidente de la República en una entrevista con una de las más prestigiosas publicaciones en materia de negocios, declara
Ofrece una rama de olivo al capital extranjero, se muestra abierto a dialogar con el presidente de los Estados Unidos en materia de negocios y habla de la necesidad de levantar sanciones para pagar a los tenedores de la deuda venezolana. En añadidura, el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, afirmó que las colas por gasolina desaparecerán pronto, porque para finales de 2021, la producción de petróleo se va a cuadruplicar, gracias a la inversión extranjera que vendrá en el corto plazo al país. De igual forma la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) publica un comunicado en el que llama a todos aquellos sujetos a los que se les hay impuesto un medida de ocupación temporal a contactar con su Consultoría Jurídica. Es necesario recordar que en la Ley Orgánica de Precios Justos, la ocupación temporal se refiere a una medida administrativa en la que el Gobierno nacional toma posesión total o parcial de una empresa, por tiempo limitado, para asegurar cumplimiento de normativas actuales, sin pago alguno.
Pero, por otro lado, las reglas y racionalidad que ofrece el gobierno en la práctica, dan mucho para pensar, ya que continúa avanzando la implementación del Estado Comunal* que relativiza la propiedad privada donde sea que se instalen las nuevas Ciudades Comunales; las invasiones a inmuebles urbanos y predios agrícolas continúan y no se avizora en el corto plazo justicia para aquellas personas que se les expropiaron sus bienes en la construcción de una modelo económico de rasgo socialista desde hace años.
Vivimos una especia de esquizofrenia en materia de reglas: discursivamente a un sector empresarial se le ofrecen garantías para que invierta y produzca dentro de nuestras fronteras, incluso con condiciones preferenciales para hacerlo. Por otro lado, se avanza en un proyecto político colectivista donde la propiedad privada, piedra angular para el avance sostenible de toda economía, se encuentra en entredicho y no se vislumbra restitución y reparación para aquellos cuyos derechos fueron y siguen siendo afectados. Nuestra institucionalidad económica y política actualmente está dividida, escindida, rota, entre legislaciones económicas y políticas que se contradicen en su objetivo de garantizar o relativizar la propiedad privada en Venezuela.
Estas contradicciones entre lo económico y político no auguran una auténtica liberalización de la economía nacional que nos lleve a la prosperidad deseada desde hace décadas. Algunos escépticos hablan de sólo una oferta coyuntural por parte del Estado, para obtener recursos en un ambiente en el que las sanciones por parte de Estados Unidos y otros países, merman el modelo estatocréntrico, instaurado en más dos décadas de gobierno. Otros analizan estas disonancias institucionales bajo el término de capitalismo político: un modelo económico para captar recursos en medio de una aparente liberalización de la economía, para así seguir financiando el reforzamiento del Estado en cada uno de los aspectos de la vida de los venezolanos (al estilo chino).
Los profesores de economía Daron Acemoglu y James A. Robinson, afirman que para que una sociedad sea próspera, se necesitan a su vez de una institucionalidad política inclusiva, al mismo tiempo que conviva con una institucionalidad económica igualmente inclusiva. No se puede liberalizar la economía, incluso con claras preferencias por el libre mercado, mientras se avanza en un modelo político que contradice dicha liberalización. En el mejor de los casos, ambas institucionalidades terminarán anulándose, dejando al país en parálisis. En el peor de los casos, las contradicciones entre el modelo económico y el político pueden colisionar para crear aún más miseria en el país. Es necesario un consenso nacional donde, junto con la apertura en materia de libertad económica, se avance en un modelo político que posibilite la libertad.
Por lo pronto los hechos confirman que los derechos de propiedad de los venezolanos siguen siendo vulnerados, tal y como lo refleja el balance de afectaciones del primer semestre del 2021, en el que Observatorio de derechos de propiedad de Cedice Libertad registra 1.302 vulneraciones tal y como se puede ver en el video que se presenta seguidamente.
Venezuela lleva inmersa en la pesadilla de la hiperinflación desde noviembre de 2017, una época de cifras mareantes que ha derivado en una dolarización espontánea como boya de salvación. Sin embargo, en los últimos meses, el incremento de los precios ha comenzado a frenarse, lo que alimenta la esperanza de dejar atrás el mal sueño.
Sin embargo, el Banco Central de Venezuela continua generando dinero con regularidad, para cubrir gastos públicos a costa de la devaluación del bolívar.
Al respecto, el economista Ronald Balza explicó a Efe que la hiperinflación comienza cuando en un mes supera el 50 % y solo se puede dar por concluida cuando transcurren doce por debajo de ese porcentaje.
“Son doce meses sin volver a tener el 50 % en un mes porque, una vez superas el 50 %, las distorsiones que hay en el sistema fiscal y monetario son tan severas que hay que asegurarse de corregirlas para decir que la hiperinflación se detuvo”, detalla.
Por eso, a la espera de que pase un año, Balza subrayó que “lamentablemente no se ha visto nada que nos haga pensar que sí se va a salir de la hiperinflación porque no hay corrección fiscal a la vista”.
A su cautela se suma que, “más de una vez ha ocurrido”, desde noviembre de 2017, que un mes la inflación supera el 50 %, “luego vienen tres meses en los que no, y al cuarto mes vuelve a subir porque la máquina que genera la hiperinflación sigue activa”.
Esa máquina es la del “desajuste fiscal severo que termina siendo solventando con emisión monetaria” .
“El Gobierno tiene una cantidad de gastos que nosotros desconocemos porque no conocemos el presupuesto, pero vemos que recibe una cantidad de bolívares del BCV que no sabes cuál es el destino y, esa cantidad de bolívares que va al Gobierno no sabemos cómo es su entrada a la economía, no sabemos por qué vía, y presionan los precios de un modo continuo”, destacó.
Balza comparó la situación con la de Bolivia en la década de 1980, cuando, para superar la hiperinflación, “decidieron aumentar el precio de la gasolina”, tal y como hizo el régimen de Nicolás Maduro en 2020, eso permitió que el Ejecutivo recibiera unos ingresos y “dejara de financiarse con el banco central”.
EFE
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Este jueves comenzó a funcionar el llamado Certificado Digital Verde con el que la Unión Europea les permitirá a sus ciudadanos desplazarse entre países.
El propósito del certificado, que fue aprobado en marzo y entró en vigor este 1 de julio, es permitir los movimientos dentro del bloque continental, sin necesidad de someterse a restricciones, a todo el que esté vacunado contra la covid-19, tenga una prueba negativa del virus o se haya recuperado recientemente de la enfermedad.
Se lo conoce como el «pasaporte europeo de vacunación» y, además de los 27 países miembro de la UE, también fue aprobado en países externos pero que forman parte del territorio europeo como Islandia, Noruega y Suiza.
«Queremos ayudar a los Estados miembro a devolver la libertad de movimientos de forma fiable», dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, cuando propuso la medida.
Sin embargo, las propuestas de pasaportes de vacunas habían enfrentado oposición en algunos países por temor a que se conviertan en una herramienta discriminatoria.
En respuesta a ello, los funcionarios de la Comisión Europea aseguraron que quieren evitar que aquellos ciudadanos que por una u otra razón no se hayan vacunado se sientan excluidos.
La UE ha señalado que esta medida está dirigida a garantizar el movimiento de los ciudadanos y residentes dentro del territorio comunitario. Sin embargo, países como Alemania y España ya han flexibilizado el ingreso de viajeros que provengan de terceros países.
En BBC Mundo te explicamos cómo funciona el pasaporte digital y qué consecuencias tiene para los viajeros América Latina.
¿Cómo afecta todo esto a los viajeros de América Latina?
La Unión Europea aceptó que se trata de un proceso complicado, por lo que deja a cada Estado miembro la responsabilidad de consolidar la información de la mejor forma posible.
Y también cada Estado miembro determinará la forma en que permite la entrada de viajeros no esenciales de terceros países que cumplan los mínimos requisitos. Básicamente, el que se haya completado 14 días después de la aplicación de la vacunación completa.
Así, los gobiernos de España y Alemania le han abierto las puertas a los viajeros no esenciales (turistas) que prueben que han recibido la segunda dosis al menos 14 días antes de sullegada.
El gobierno de España en su portal Travel Spain dice lo siguiente:
«Desde un territorio incluido en el listado de países/zonas de riesgo (según el listado vigente al momento del viaje) se permitirá la entrada de personas que viajen por turismo con un certificado de vacunación expedido por las autoridades competentes del país de origen a partir de los 14 días posteriores a la fecha de administración de la última dosis necesaria para completar el ciclo de vacunación. Las vacunas admitidas serán las autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento o la Organización Mundial de la Salud.»
En el caso alemán, las únicas vacunas que serán aceptadas son las aprobadas por la autoridad europea: Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Jenssen.
Sin embargo, un vocero de la Unión Europea, en conversación con BBC Mundo, aclaró que aunque cada país determinará la forma de ingreso a sus territorio, a la hora de hablar de certificados de covid digitales para viajeros de terceros países habrá que esperar.
«Estos deben esperar a una decisión de ‘equivalencia’: cuando la Comisión esté convencida de que un país tercero expide certificados de conformidad con normas y sistemas interoperables con el sistema de la UE, podrá adoptar una decisión en virtud de la cual dichos certificados de terceros países serían aceptados», anotó.
Esto significa, según la UE, que los certificados de países fuera del continente podrían ajustarse a las mismas condiciones que los documentos de covid digitales de la UE.
También recomendó que, en las actuales condiciones de pandemia, se consulte la información que tienen las embajadas y los consulados de los países europeos en América Latina antes de salir en un viaje de turismo.
En tanto, para el caso de los ciudadanos europeos que residen en países de América Latina y que fueron vacunados allí, el vocero anotó que podrán pedir el certificado digital.
«Los ciudadanos de la UE vacunados en un país no perteneciente a la UE pueden solicitar el Certificado COVID Digital de la UE al Estado miembro de su nacionalidad o residencia», le explicó el vocero a BBC Mundo.
«El Certificado COVID Digital de la UE se expedirá si existe una prueba fidedigna de vacunación y si la estructura del sistema sanitario lo permite. Para obtener más información, los ciudadanos pueden dirigirse al Estado miembro de nacionalidad o residencia», añadió.
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Como si se tratara de una subasta al mejor postor, por décadas muchos gobiernos han tratado de bajar al mínimo los impuestos a las empresas multinacionales para atraerlas a su territorio.
Y esa competencia le ha dado una gran ventaja a las compañías al dejarlas en una excelente posición negociadora que les permite decir: “Pues bien, si me subes los impuestos aquí, me voy a otro país”.
Pero si ese otro país, el del lado y el de más allá ya se han puesto de acuerdo sobre una tasa mínima de tributación… las reglas del juego serían diferentes.
Ahora eso podría estar por cambiar.
Un grupo de casi 140 países acordaron este jueves reformar el sistema fiscal global para garantizar que las grandes empresas “paguen una parte justa” dondequiera que operen.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que dirigió las conversaciones, informó que los negociadores habían respaldado una tasa impositiva corporativa mínima propuesta de al menos el 15%.La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, consideró que se trataba de “un día histórico para la diplomacia económica”.
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En Venezuela, la escasez de billetes en efectivo y la devaluación de la moneda han provocado a que las propinas por algunos servicios sean pagadas en alimentos.
«Muchas veces nos llevamos 6 a 7 kilos de pasta, 3 de arroz, harina, chucherías, galleta, más que todo eso es lo que traen”.
Esta dinámica de intercambio se ha profundizado en los últimos dos años, dada la escasez de billetes en efectivo. En Venezuela, el monto máximo diario que se puede retirar del banco es de 10 millones de bolívares, es decir, 3 dólares y 20 centavos… Y para conseguir ese dinero, hay que esperar en largas filas.
Nota de VOA
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Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la solicitud de presupuesto para el año fiscal 2022 para Venezuela buscar aumentar su asistencia para enfocar el apoyo en la sociedad civil, medios independientes y actores democráticos.
Pese a su interés por ayudar, expertos indican, que la asistencia humanitaria todavía continúa siendo poca en comparación a la de otras comunidades y además es víctima de muchos retos logísticos para ser entregada en Venezuela.
«Nuestro presupuesto solicita 2,800 millones de dólares de ayuda para avanzar en los derechos humanos en el extranjero, luchar contra la corrupción, detener el retroceso democrático y fortalecer y defender las democracias”. Aseguro el secretario de Estado Anthony Blinken durante una audiencia ante el comité de relaciones exteriores del Senado Estadounidense.
Y en la lista, figura Venezuela con 55 millones de dólares para asistencia humanitaria.
Sin embargo y pese a que Estados Unidos es el principal donante en esta asistencia, no es suficiente. Así lo valora el economista, Dany Bahar, del Instituto Brookings en Washington.
“Yo pienso que el cuello de botella no está en los gobiernos locales, sino en la comunidad internacional. La ayuda internacional que se ha dado hasta ahora a los refugiados venezolanos es sumamente pequeña comparada por ejemplo con la crisis de refugiados Siria”, dijo a la Voz de América el economista Dany Bahar del Instituto Brookings en Washington.
“Algunos problemas que las diversas organizaciones están encontrando es trabajar con instituciones financieras, bancos, para llevar el dinero al área, para comprar los artículos que necesitan, como alimentos, medicinas, ropa y otros”, dijo Kimberly Gianopoulos, directora de Asuntos Internacionales y Comercio en la oficina de Rendición de Cuentas de Estados Unidos.
A principio de 2021, la oficina de Rendición de Cuentas investigó qué tipo de retos enfrentaban algunas organizaciones para recibir la ayuda en Venezuela y qué hacían las distintas agencias federales al respecto, y si existe o no impacto en el envío de la ayuda humanitaria y las sanciones impuestas al Gobierno de Maduro.
“El Departamento del Tesoro nos dijo que llevan a cabo mesas redondas con socios y otras organizaciones en el área para entender los problemas que tienen y compartir orientación sobre cómo esas organizaciones pueden entregar esa asistencia”, indica Gianopoulos, sobre algunas de las consultas que se hicieron a las distintas agencias federales.
La ONG Unión Venezolana en Perú (UVP), se convirtió este martes en el ganador del Concurso de Buenas Prácticas de Organizaciones de Personas Refugiadas y Migrantes en Latinoamérica y el Caribe, en la categoría inserción socioeconómica. El Concurso fue organizado por la Oficina del Enviado Especial para la Respuesta a la Situación de Venezuela de OIM con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ( AECID).
Este concurso tiene como objetivo reconocer buenas prácticas que estén llevando adelante las organizaciones que realizan un amplio trabajo en los países de acogida de personas migrantes y refugiadas venezolanas colaborando con la recepción, protección e integración de sus connacionales.
“Nos sentimos muy felices y emocionados, pero además complacidos en poder demostrar que las organizaciones de venezolanos hemos madurado y avanzado en la búsqueda de oportunidades para la población migrante y refugiada venezolana en Perú”, afirmó Oscar Pérez presidente de UVP, quien señaló que este logro es gracias a cada uno de los proyectos que viene implementando la ONG desde hace seis años, donde se ha trabajado en programas de habilitación de profesionales venezolanos, inserción laboral, capacitación y apoyo a emprendedores, procesos de regularización migratoria, apoyo psicológico, prevención de violencia basada en género y educación financiera.
Pérez destacó que seguirán trabajando en la misma orientación, pero ahora con más fuerza y responsabilidad, pues comenta que el premio obtenido los convierte en referencia para las asociaciones, ONG´S y grupos de apoyo a migrantes y refugiados venezolanos en Perú y otros países de la región. “Somos un gran equipo que tenemos muy claro que hacemos y hacia donde queremos llegar”.
“Los venezolanos escapamos de nuestro país buscando oportunidades para crecer y salir adelante, no lo hicimos esperando palmaditas en la espalda o miradas compasivas, por lo que reafirmamos nuestra vocación e interés en seguir impulsando proyectos que permitan la integración e inclusión de la población migrante y refugiada venezolana en las comunidades de acogida”, finalizó Pérez.
Nota de prensa
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