Observatorio de Cedice Libertad registra 1.302 vulneraciones al derecho de propiedad

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Referencial / Cortesía
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En un boletín de Cedice, Observatorio de Derechos de Propiedad se dice que Venezuela vive una institucionalidad esquizofrénica. Por un lado, desde la instancia que funciona como parlamento, se promulga una Ley de Zonas Especiales, que pretende proporcionar garantías a los inversionistas extranjeros en determinadas regiones del país para emprender, con ayudas del Estado y exoneración de impuestos, para fomentar con la mayor fuerza posible su actividad empresarial. En añadidura, el presidente de la República en una entrevista con una de las más prestigiosas publicaciones en materia de negocios, declara

“Esta medida que ustedes pudieran interpretar de liberalización del uso de la moneda estadunidense (…) ha sido una válvula de escape útil para el consumidor, para los empresarios, para la economía. Así que nosotros hemos tenido que tragar grueso, poner la cabeza fría y desarrollar un conjunto de políticas que las fuerzas productivas del país tomen su curso (…) volver la senda del crecimiento económico”.

Ofrece una rama de olivo al capital extranjero, se muestra abierto a dialogar con el presidente de los Estados Unidos en materia de negocios y habla de la necesidad de levantar sanciones para pagar a los tenedores de la deuda venezolana. En añadidura, el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, afirmó que las colas por gasolina desaparecerán pronto, porque para finales de 2021, la producción de petróleo se va a cuadruplicar, gracias a la inversión extranjera que vendrá en el corto plazo al país. De igual forma la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) publica un comunicado en el que llama a todos aquellos sujetos a los que se les hay impuesto un medida de ocupación temporal a contactar con su Consultoría Jurídica. Es necesario recordar que en la Ley Orgánica de Precios Justos, la ocupación temporal se refiere a una medida administrativa en la que el Gobierno nacional toma posesión total o parcial de una empresa, por tiempo limitado, para asegurar cumplimiento de normativas actuales, sin pago alguno.

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Pero, por otro lado, las reglas y racionalidad que ofrece el gobierno en la práctica, dan mucho para pensar, ya que continúa avanzando la implementación del Estado Comunal* que relativiza la propiedad privada donde sea que se instalen las nuevas Ciudades Comunales; las invasiones a inmuebles urbanos y predios agrícolas continúan y no se avizora en el corto plazo justicia para aquellas personas que se les expropiaron sus bienes en la construcción de una modelo económico de rasgo socialista desde hace años.

Vivimos una especia de esquizofrenia en materia de reglas: discursivamente a un sector empresarial se le ofrecen garantías para que invierta y produzca dentro de nuestras fronteras, incluso con condiciones preferenciales para hacerlo. Por otro lado, se avanza en un proyecto político colectivista donde la propiedad privada, piedra angular para el avance sostenible de toda economía, se encuentra en entredicho y no se vislumbra restitución y reparación para aquellos cuyos derechos fueron y siguen siendo afectados. Nuestra institucionalidad económica y política actualmente está dividida, escindida, rota, entre legislaciones económicas y políticas que se contradicen en su objetivo de garantizar o relativizar la propiedad privada en Venezuela.

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Estas contradicciones entre lo económico y político no auguran una auténtica liberalización de la economía nacional que nos lleve a la prosperidad deseada desde hace décadas. Algunos escépticos hablan de sólo una oferta coyuntural por parte del Estado, para obtener recursos en un ambiente en el que las sanciones por parte de Estados Unidos y otros países, merman el modelo estatocréntrico, instaurado en más dos décadas de gobierno. Otros analizan estas disonancias institucionales bajo el término de capitalismo político: un modelo económico para captar recursos en medio de una aparente liberalización de la economía, para así seguir financiando el reforzamiento del Estado en cada uno de los aspectos de la vida de los venezolanos (al estilo chino).

Los profesores de economía Daron Acemoglu y James A. Robinson, afirman que para que una sociedad sea próspera, se necesitan a su vez de una institucionalidad política inclusiva, al mismo tiempo que conviva con una institucionalidad económica igualmente inclusiva. No se puede liberalizar la economía, incluso con claras preferencias por el libre mercado, mientras se avanza en un modelo político que contradice dicha liberalización. En el mejor de los casos, ambas institucionalidades terminarán anulándose, dejando al país en parálisis. En el peor de los casos, las contradicciones entre el modelo económico y el político pueden colisionar para crear aún más miseria en el país. Es necesario un consenso nacional donde, junto con la apertura en materia de libertad económica, se avance en un modelo político que posibilite la libertad.

Por lo pronto los hechos confirman que los derechos de propiedad de los venezolanos siguen siendo vulnerados, tal y como lo refleja el balance de afectaciones del primer semestre del 2021, en el que Observatorio de derechos de propiedad de Cedice Libertad registra 1.302 vulneraciones tal y como se puede ver en el video que se presenta seguidamente.

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