Tras una medida que afecta a los habitantes de los municipios Plaza, Zamora, y sectores como Izcaragua, Mampote, La Vaquera, e inclusive hasta Parque Caiza, ya que la Estación de Servicio Vistalago ubicada en la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho no podrá despachar el derivado del petróleo tras una comunicación emitida el pasado 2 de julio, en la que se resalta que dicha gasolinera posee “modalidad de venta exclusiva a los usuarios del sector transporte”.
La misiva amenaza que de presentarse irregularidades en el servicio, el Ministerio del Petróleo podrá emitir sanciones administrativas según la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
El documento fue firmado por Director Gerente de Mercadeo Nacional de PDVSA Marino José Lugo Aguilar. Efectivos de la Guardia Nacional tuvieron que avisar a los ciudadanos que se retiraran de las colas debido a que no despacharan a vehículos particulares.
La escasez de gasolina y de gasoil, combustible que mueve el 90% de la maquinaria agrícola y al transporte de alimentos, está causando estragos en el país porque el campo registró la pérdida de 600 mil toneladas de alimentos sólidos y de 480 millones de litros de leche durante el primer semestre de 2021, así lo informó Juan Carlos Montesinos, presidente de la Sociedad Venezolana de Agricultora Familiar.
El especialista destacó que en promedio en Venezuela se pierden 30 mil toneladas de alimentossemanalmente por la falta de políticas del régimen de Nicolás Maduro orientadas a garantizar el combustible para el sector primario.
Los estados Táchira, Mérida y Trujillo llegan a pasar hasta dos meses sin recibir una gota de combustible que ha provocado la pérdida de 50 mil toneladas de verduras y hortalizas en los últimos seis meses, según comunicó Antonio Escalona, presidente de la Unión Agrícola y Ganadera de los Andes (Unagandes).
“En Los Andes, los cultivos se tienen que movilizar en vehículos rústicos que funcionan con gasolina para resistir la topografía de la zona y poder llevarlos hasta los centros de acopio, donde posteriormente se trasladan en camiones de gasoil o diesel. El problema es que sin una gota de gasolina los productores tienen que bajar sus cultivos en recuas, mulas o motos antes que se les pudran en las huertas“, explicó.
Un agricultor conduce su tractor al final de su trabajo en un campo de maíz en Turen, Venezuela el 11 de mayo de 2021. Fotografía tomada el 11 de mayo de 2021. REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Esta situación ha dejado pérdidas económicas que han afectado al 72% de los productores de Los Andes, que ha dejado de cosechar este año. “Nos estaremos enfrentando en 2022 a un desabastecimiento sin precedente en la historia, porque creemos que el problema del combustible no es algo que se solucione a corto plazo. Se va a agravar la emergencia humanitaria compleja porque el Gobierno tampoco tiene los recursos para importar la cantidad de alimentos que requieren los ciudadanos”, exclamó Escalona.
Sostienen que las consecuencias de la caída de la producción impulsadas en parte por las severas restricciones por gasoil y la crisis económica, la terminarán pagando los venezolanos al finalizar el año, porque proyectan que los precios de alimentos se dispararán, lo que representa que las personas cada día comerán menos.
Desde la Sociedad Venezolana de Agricultora Familiar, señalan que en 2008 el país tenía un consumo de carne de res de 28 kilos per cápita, en la actualidad el consumo es 1.8 kilos per cápita, lo que equivale aproximadamente a la ingesta de seis bistec al año.
“El 70% de los venezolanos no está consumiendo proteína animal. Además, todas las ferias de verduras del país registran la caída del consumo del 80%. En enero de este año, un kilo de verduras se podía comprar en 200 mil bolívares, hoy no baja de tres millones de bolívares“, alertó Juan Carlos Montesinos.
Alega que en diciembre los anaqueles no van a estar vacíos. “Como cada vez hay menos consumo, lo poco que se está transportando está siendo suficiente en las ciudades, porque enfrentamos una hiperinflación que hace que el salario cada día valga menos“, manifestó.
Menos comida
Un agricultor rocía pesticida en un campo para prepararlo para la siembra de maíz en Turen, Venezuela el 11 de mayo de 2021. Fotografía tomada el 11 de mayo de 2021. REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
El balance que hacen los gremios agrícolas sobre los alimentos que se han logrado sembrar en el ciclo de invierno, que es cuando se cultiva la mayor cantidad de cereales del país, es lamentable, porque no se han logrado cumplir con las metas proyectadas al inicio de año.
La Sociedad Venezolana de Agricultora Familiar, sector en el que se ubican unos 383 mil unidades productivas del país, indicó que de las casi 600 mil hectáreas que tiene Venezuela para la siembra de maíz tanto amarillo para producir alimentos de animales, como blanco para fabricar harina precocida, tan sólo se cultivaron 180 mil hectáreas.
En cuanto a arroz, existen 200 mil hectáreas que pudieran ser cultivadas, pero sólo consiguieron combustible para 40 mil hectáreas.
“En Venezuela se producen alrededor de cuatro mil y cinco mil toneladas por hectárea de maíz. Sólo los grandes productores que se ubican sobre todo en la zona de Portuguesa han tenido la capacidad de tener un rendimiento de unas 10 mil toneladas de maíz por hectárea. Estos agricultores son los que han podido tener el músculo financiero para comprar el gasoil en el mercado negro“, explicó.
Asevera que el precio del litro de gasoil bachaqueado cuesta entre uno y 1.50 centavos de dólar, y el de gasolina entre 1.50 y dos dólares.
“Esta realidad está ocasionando que el precio de los alimentos producidos en Venezuela no sea rentable si se compara con el precio y el rendimiento que tienen los países vecinos. Producir una hectárea de maíz en Venezuela puede llegar a costar en promedio entre 1000 y 1200 dólares, pero si le sumamos los litros de gasoil que se deben comprar en el mercado informal, el precio de esa hectárea sube a 3000 dólares“, advirtió Montesinos.
Este jueves, 22 de julio, comenzará el lapso para que inversionistas puedan participar en la colocación primaria de 500.000 acciones Clase “B” de la empresa licorera venezolana Ron Santa Teresa en la Bolsa de Valores de Caracas (BVC). Esta es la cuarta ronda programada para la oferta pública de 6 millones de acciones emitidas por la compañía, de las cuales se han colocado 2.228.101 acciones.
“Es un buen momento para invertir, porque (el precio de esta acción) está en un valor promedio, aunado a las proyecciones en Venezuela y el negocio internacional”, expresó el director de Finanzas de Ron Santa Teresa, Fady Abuyagui, durante la presentación de la oferta pública, en la sede de la Bolsa de Valores de Caracas.
Agregó que “es una de las más atractivas para los inversionistas, forma parte del IBC y ocupa el cuarto lugar en capitalización”. El IBC es el principal índice bursátil de la bolsa de Venezuela, compuesto por las empresas con mayor capitalización y liquidez de la bolsa de Caracas.
El precio por acción Clase “B” estará determinado en el resultado de multiplicar el precio de cierre en la Bolsa de Valores de Caracas de la acción Clase “B” de “CARST” del día 30 de julio de 2021, por el factor de 95%, según la hoja de términos.
En esta operación actúa como agente líder de colocación, Ratio Casa de Bolsa, y como agentes de distribución: Banacci, Bestinvest, Caja Caracas, Fivenca, Interbono, Intersec, Maximiza, Mercosur, Rendivalores, Solfin, Statera, Valoralta, Valores Vencred y BNCI Casa de Bolsa.
De acuerdo con los datos de Ron Santa Teresa, en un año el portafolio creció 128%, en volumen de ventas registró un crecimiento de 121%, durante la pandemia acumuló diversos reconocimientos internacionales, está presente en más de 70 países y, además, lanzó un nuevo producto que superó las expectativas de ventas.
El noviembre del año pasado, la licorera emitió por primera vez en más de 25 años papeles comerciales en divisas por un monto de 300.000 dólares y con plazo de un año.
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Una contracción de 3 % registró el Índice de Actividad Económica (IAEM), durante el segundo trimestre de 2021, de acuerdo con la información dada a conocer, en conferencia de prensa, por el economista Manuel León, vocero del Observatorio Venezolano de Finanzas, organismo que calcula este indicador todos los meses, reseñó El Impulso.
Recordó que entre el 2013 y el 2020, la actividad económica se redujo en más del 83 %, ratificando que Venezuela ha venido experimentando los efectos de una recesión económica profunda y sin precedentes en la historia del país que ha afectado directamente las condiciones de vida de los ciudadanos venezolanos durante los últimos 7 años.
Hizo referencia a la contracción del sector financiero en un 19,8 % en comparación con el primer trimestre de 2021, lo que significó una caída en términos interanuales de 55,2 %, con una reducción en más del 90 % entre el segundo trimestre de 2013 y el segundo trimestre de 2021.
El sector petrolero creció 8,5 % en comparación con el primer trimestre de 2021, sin embargo, la caída en términos interanuales fue de 2,4 %. Este sector se ha reducido en más del 77 % entre el II trimestre de 2013 y el segundo trimestre del 2021.
León, reveló que se estima una contracción de sector público cercana al 40 % en comparación con el primer trimestre de 2021. Asimismo, en términos interanuales, la caída fue de aproximadamente 70 % con una reducción en más del 90 % entre el primer trimestre de 2013 y 2021.
“En el segundo trimestre del año el IAEM habría crecido 8,36 % en comparación con el primer trimestre de 2021. Sin embargo, en términos interanuales, la caída habría sido de aproximadamente 3 %. La causa del crecimiento de la actividad económica en lo que va del segundo trimestre es atribuida, principalmente, a un leve incremento en la producción petrolera”, precisó el vocero del OVF.
Actividad económica y el sector privado
Igualmente, se destacó que la actividad económica del sector privado sigue afectada por la inflación, aunque, la disminución del mismo, ha evitado que el resto de los sectores de la economía se contrajeran aún más.
“La dolarización de las remuneraciones del sector privado ha permitido un efecto de cascada en ciertos sectores de la economía venezolana. Sin embargo, la creación de valor agregado sigue siendo casi nula, pues muchos de estos comercios ofrecen bienes importados”, aseguró León.
Advirtió que los analistas económicos estiman que, de mantener esta tendencia, y con un nivel de producción petrolera aproximado de 540 mil barriles diarios, el PIB pudiera crecer cerca de 4% este año.
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El precio del dólar paralelo cierra en alza este miércoles 21 de julio al cotizar en Bs. 3.851.207,91, según la cuenta en Instagram Monitor Dolar Vzla.
Esto representa un alza de 1,03% o lo que es igual a Bs. 39.203,37 más que la actualización anterior.
Los venezolanos han experimentado en siete años de crisis económica (2013-2021) cómo se devalúan los bolívares en sus cuentas bancarias y prefieren comprar divisas para asegurar el valor de sus ahorros.
Por Luis David Vásquez
De acuerdo con cifras de Ecoanalítica, más del 50% de los depósitos bancarios corresponde a cuentas en dólares. Y «estos son procesos difíciles de revertir como lo pretende a hacer el gobierno», según ha puntualizado el economista Asdrúbal Oliveros.
La administración de Nicolás Maduro ha promovido políticas para evitar que el precio del dólar suba aceleradamente: desde el BCV ofertan dólares a la banca nacional.
También aplicaron un encaje legal superior al 90%, dejando a los ciudadanos y empresas pymes sin opción a obtener créditos bancarios. Sin embargo, desde 2019 se han flexibilizado las regulaciones económicas paulatinamente aunque no lo suficiente para disponer de un mercado libre.
«Este gobierno permitió la dolarización y dio grados de libertad pero hace falta muchísimo más. Se necesitan reformas para competir con otros países, algo que no existe acá», explicó Asdrúbal Oliveros.
Además, el gobierno de los EE.UU. le jugó «posición adelantada» al chavismo, ya no hay posibilidad de liberar la economía con sanciones financieras vigentes.
Este miércoles 21 de Julio se registró un bajón eléctrico en varias zonas del país.
Usuarios de las redes sociales, señalaron que algunas de las zonas afectadas en Caracas han sido: La Florida, La Boyera, Santa Mónica, La California, La Urbina, Catia, Los Cortijos, Los Palos Grandes, Los Ruices, Boleíta Norte.
Asimismo, también se registró esta falla en Maracaibo, Zulia; Maracay, Aragua; La Vela, Falcón.
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El Centro Nacional de Bioética (CENABI) hace público su rechazo a la aplicación experimental del candidato a vacuna contra el Sars-Cov2 “Abdala”, sin cumplir con las normas éticas que regulan la investigación en seres humanos.
En nuestro comunicado anterior de fecha 26 de junio, alertamos sobre el anuncio hecho dos días antes de la adquisición por el Estado Venezolano de doce millones de dosis de este producto experimental, no aprobado por los organismos internacionales pertinentes y cuya eficacia e inocuidad no habían sido demostradas. En esa oportunidad sumamos nuestra voz de alerta a los pronunciamientos hechos por diversas organizaciones como la Academia Nacional de Medicina, la Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas, la Asociación de investigadores del IVIC y Médicos Unidos por Venezuela, entre otros.
Lejos de reconsiderar esta decisión, la Misión Médica Cubana inició en la última semana de junio la aplicación de 10.000 dosis del producto, en el complejo urbanístico Ciudad Tiuna, a comunidades de bajos recursos y mayor control estatal, a las cuales no se les informó que estaba participando en una investigación. Es necesario señalar que esto sucede antes de concluir los ensayos fase 3 del fabricante: Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) Cubano, el cual estima que sus resultados estarán disponibles para el 16-08-21 y antes de tener la autorización de uso de emergencia por el organismo supervisor cubano: Centro Estatal Cubano de Medicamentos (CECMED), la cual fue emitida prematuramente el 09-07-21. Más irregular aún resulta la autorización de uso en emergencia en Venezuela, que precedió en 8 días a la del país fabricante. En todo este proceso se ha faltado a la verdad y se viola el derecho a la información:
Las personas acuden bajo engaño, creyendo que se les va a aplicar una vacuna efectiva; no se les dice que participan en un ensayo clínico. Esto puede hacer que se sientan seguras y disminuyan las medidas de protección
El programa recibe la denominación de: “Intervención sanitaria” y “Jornada Territorial de vacunación”, no de “estudio”, como lo califica el representante en Venezuela de la biofarmacéutica estatal cubana BioCubaFarma y Los envases del producto están rotulados como “Candidato a vacuna”
En los avisos de convocatoria se afirma que el producto cuenta con la aprobación de la OMS y esto ha sido desmentido por los organismos sanitarios internacionales y además, se le atribuye una eficacia mayor del 92%, cuando aún no se ha concluido el estudio. También se han violado las Normas que rigen la Investigación en seres humanos, tanto nacionales (Código de Ética para la Vida, Reglamento de Investigación en Farmacología Clínica del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel y capítulos de la Ley de Ejercicio de la Medicina y del Código de Deontología Médica) e internacionales (Código de Nüremberg, Declaración de Helsinki, Pautas CIOMS/OMS, Guía ICH de Buenas Prácticas Clínicas). Entre las más evidentes de estas violaciones se encuentran:
Ausencia de un protocolo de investigación formal aprobado previamente por el Comité de Ética delorganismo asistencial donde se realizará el estudio y por el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel
Documento impreso para la obtención del Consentimiento informado que respete la autonomía del participante y la justicia para la población en estudio. Este Consentimiento debe ser aprobado previamente por el Comité de Bioética, debe contener una 1ª parte con Información sobre: la naturaleza experimental de los procedimientos, objetivos del estudio, descripción del producto a recibir, de los resultados de investigaciones previas y de todos los procedimientos a los que va a ser sometido el sujeto y con cuyo cumplimiento se está comprometiendo, beneficios esperados para la persona, la población y/o el conocimiento científico, razón por la que la persona se ha incluido en el estudio, riesgos y complicaciones a los que se somete y su frecuencia estimada, responsabilidad de los investigadores ante las mismas (a quién acudir, cómo y dónde hacerlo, cobertura por pólizas de seguro), compromiso de confidencialidad en el manejo de la información suministrada y libertad para negarse a participar o retirarse luego de haber aceptado sin ser objeto de sanción. En la 2ª parte del documento, el participante o su representante legal deben hacen constar: que han entendido la información y aclarado sus dudas satisfactoriamente, que están conscientes de los compromisos adquiridos por ellos y por el investigador y que aceptan libremente participar. Finalmente, este “contrato” debe ser firmado por el sujeto o su representante legal, el investigador principal y uno o dos testigos. Se ha conocido de un documento de Consentimiento Informado que se ha hecho firmar a algunos participantes, pero éste no cumple con estos requisitos y no ha sido aplicado cuando corresponde: previo a la primera aplicación, sino con motivo de la segunda.
Los estudios de prototipos vacunales requieren la comparación de las personas que reciben el producto, con un número equivalente de las mismas que reciben un placebo (producto inerte). Si existe rigurosidad científica en este estudio y se esta administrando placebo sin informarlo en el Consentimiento, hay un fraude adicional a las personas que lo reciben, asumiendo que se trata del producto prometido.
No se tiene evidencias de la competencia del equipo investigador, no se conoce su trayectoria en investigación e incluso sus credenciales como profesionales de la medicina; en consecuencia, el seguimiento de los participantes, indispensable para detectar y tratar efectos indeseables (Principio de No Maleficencia) y valorar la eficacia del producto (Principio de Beneficencia), no están asegurados. El Ejecutivo Nacional ha anunciado la aplicación de este candidato vacunal a los niños y adolescentes antes del supuesto regreso a las escuelas, en los meses de septiembre u octubre próximos. Esto reviste una gravedad mayor, tratándose de poblaciones especialmente vulnerables, debido a sus procesos biológicos particulares y a sus limitaciones para consentir libremente. Solo se permiten investigaciones en menores de edad, cuando estas responden a sus problemas particulares y la eficacia e inocuidad de los productos biológicos ha sido comprobada en adultos. Estos hechos sobrevenidos empeoran la grave situación de la pandemia de COVID 19 en el país, que según los expertos sanitarios está en su peor momento, y requiere urgentemente de vacunas eficientes, seguras, de aplicación más sencilla y de menor costo que este prototipo, que logren proteger de las formas graves de la enfermedad y disminuir los contagios y que limiten la aparición de nuevos mutantes. Mientras esto no sucede, se sigue violando el derecho a la vida y a la salud de los venezolanos.
Con información de nota de prensa
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Varios jóvenes que viven en la comunidad de Los Cedros en Tucupita, se dirigen hacia el vertedero municipal, ubicado en el sector Guasina, en busca de hierro. Sin temor a enfermarse, cavan varios terrenos para buscar la vida, ya que el material que encuentran, es vendido.
Sus familias, más empobrecidas por los efectos de la pandemia y la crisis de Venezuela, no pueden sostenerlos, por lo que todos en casa deben buscar la comida.
Algunos de ellos debieron abandonar sus estudios, otros, apenas los sostuvieron y ya están en otro grado académico.
Se ganan la vida cavando entre cerros de basuras, buscando hierro; un fenómeno que comenzó en Tucupita durante mayo pasado. Varios camioneros arriban a la localidad desde el estado Bolívar, comprando chatarras.
Luis, uno de los jóvenes que se autodenominan “chatarreros”, reveló que cada día van a pies hasta el basurero de Tucupita para buscar lo que los tiene con vida; el hierro.
“Hemos tenido que ir en grupos caminando hasta el desperdicio para cavar y conseguir hierros para la compra de comida y otras cosas de la casa”, apuntó el joven.
Detalló que a diario pueden hacer entre 5 y diez dólares, depende de cuantos hierros encuentren bajo tierra. «Todo varía, no hay nada fijo, solo que con lo que venden ya pueden adquirir comida», agregaron.
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La organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) sugirió a la Suprema Corte de Reino Unido mantener bajo custodia el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra y no entregarlo a ninguno de los factores políticos en disputa, refiriéndose a Nicolás Maduro y Juan Guaidó.
En la misiva, Veppex argumenta que este activo pertenece a los venezolanos y que los mismos deben ser manejados por un gobierno legítimo reconocido por todos los países.
«El régimen de Nicolás Maduro está usurpando el poder y ha sido devastadoramente corrupto y delincuencial vinculándose con el narcotráfico, pero el gobierno interino ha tenido escándalos de corrupción y ninguna contraloría», expresó la organización.
Esta comunicación será remitida este jueves al organismo correspondiente.
A continuación el comunicado íntegro:
Comunicado de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) en relación al oro venezolano que está bajo custodia en Inglaterra.
La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) enviará una comunicación al Tribunal Supremo de Justicia en el Reino Unido solicitando evalué la posibilidad de no otorgar la custodia del valor del oro que tiene en su poder patrimonio del pueblo venezolano, ni al régimen de Nicolás Maduro, ni tampoco al gobierno interino de Juan Guaido.
Plantearemos la posibilidad de que el oro pueda quedarse en custodia del gobierno británico hasta tanto pueda escogerse un gobierno legítimo reconocido por todos los venezolanos y todas las instancias internacionales.
El régimen de Nicolás Maduro está usurpando el poder y ha sido devastadoramente corrupto y delincuencial vinculándose con el narcotráfico, pero el gobierno interino ha tenido escándalos de corrupción y ninguna contraloría. Por el bienestar del patrimonio de los venezolanos se hace necesario que ese oro quede bajo custodia del gobierno británico hasta tanto se puedan elegir autoridades legítimas reconocidas por todos.
La comunicación será enviada el día de mañana antes de que le Tribunal pueda tomar una decisión al respecto.
Jose Antonio Colina
Presidente de Veppex
En Dios Confiamos
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