Aunque Nicolás Maduro ha producido, este año, dos decretos de suspensión de pago de arrendamiento de inmuebles de uso comercial y de vivienda principal, en la mayoría de los casos, las partes han llegado a acuerdos satisfactorios.
Así lo hizo saber José Manuel Alejos, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, al ser entrevistado por Elimpulso.com.
La decisión tiene como objetivo “aliviar la situación económica de los arrendatarios y arrendatarias”, dada la crisis ocasionada por la aparición de la pandemia de COVID-19.
El primer decreto, número 4.169, el 23 de marzo en Gaceta Oficial y el segundo, ahora, es el 4.279. Ambos establecieron un lapso de seis meses, lo que hace que la suspensión sea de un año.
Sin embargo, la excepción ha sido la suspensión, porque los propietarios de los inmuebles han llegado a acuerdos con los arrendatarios, en la gran mayoría de los casos. Es así como se han hecho revisiones de los cánones y se han llegado a arreglos muy satisfactorios para las partes.
Algunos arrendatarios se han ceñido al primero de los decretos, que es igual al segundo, para no pagar hasta que cese la situación.
Pero, realmente, los entendimientos que se han logrado ha sido la mejor decisión que se ha tomado, por cuanto están al día los arrendatarios, tanto los del sector comercial como los que viven de inquilinos en todo el país.
Al indicar como sano el acuerdo entre las partes, Alejos manifestó que de ese modo se mantienen muy armónicas las relaciones en ese sector y la prolongación de la medida no alterará ese ambiente de cordialidad.
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Por su parte el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Francisco López Domínguez, vio con buenos ojos la decisión de dejar en manos de las partes la exoneración del pago de alquiler de inmuebles.
“Es lo que mejor pudo haber pasado, creo que nos pusieron a prueba y el resultado fue positivo, más de 95 % de los venezolanos nos pusimos de acuerdo (…) Hagamos leyes para ese 5 % y perseguir la sociedad entera en lo que a los tramposos, a los que están operando y no quieren pagar alquiler, a los que están cerrados y les quieren subir el alquiler”, dijo López.
El presidente de la CIV dijo que “primar el acuerdo entre las partes es lo mejor que ha podido pasar porque el Estado no tiene que meter la mano, que esté para corregir las cosas que no están bien”.
“El decreto original decía que el 2 de septiembre tenían que sentarse arrendador y arrendatario a negociar cómo se iban a pagar esos meses pasados”, explicó.
López señaló que debido a que la pandemia del nuevo coronavirus no se ha resuelto, el régimen decidió prorrogar la medida por seis meses más.
“En mi sector pareciese que prevaleció la decencia y eso hay que destacarlo”, aseguró el representante de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.
“Si no estás abierto te puedes acoger a la norma de exoneración, desde el día 15 de marzo no desde 2 de septiembre”, acotó.
Explicó también, que el decreto estipula que si las partes no se ponen de acuerdo hay que ir a la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda –Sunavi- en caso de viviendas y, en locales comerciales, a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela –Sundde-.
El presidente de la CIV, rechazó que la administración de Nicolás Maduro haya priorizado la suspensión de los desalojo en vez de recalcar que si no hay acuerdo entre las partes, los organismos encargados dirimirán el desacuerdo.
Tomado de El Impulso
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