El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE Libertad) presentó un anteproyecto de ley enfocado en la restitución y reparación de activos que fueron objeto de expropiaciones, estatizaciones, nacionalizaciones e invasiones en las últimas décadas, una iniciativa jurídica diseñada para el rescate y blindaje de las garantías a la propiedad privada en el país.
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La información fue suministrada por la gerente general de la institución, Rocío Guijarro, durante un balance ofrecido en el programa informativo Dos más Dos, transmitido por Unión Radio. La vocera institucional explicó que el marco normativo propuesto no se limita a la devolución física de los inmuebles y compañías, sino que abarca un diseño técnico integral para resarcir los daños patrimoniales, operativos y financieros que sufrieron los propietarios originarios durante los procesos de ocupación forzosa ejecutados por el Estado.
Balance del Observatorio: Un parque industrial y agrícola devastado
El fundamento técnico y estadístico del anteproyecto de ley se sustenta en las investigaciones de campo y el monitoreo sistemático desarrollado por el Observatorio de Derechos de Propiedad de CEDICE, cuyos registros reflejan la magnitud de las intervenciones estatales.
Los datos consolidados por la institución revelan el siguiente balance de afectación:
- Volumen de activos tomados: La organización civil tiene contabilizadas formalmente alrededor de 2.500 estructuras entre empresas industriales, complejos comerciales y haciendas de producción agropecuaria que fueron despojadas de sus dueños por la administración pública.
- Estatus de los bienes: El plan de restitución legal cubre dos realidades operativas: los activos que actualmente se mantienen bajo gestión del aparato estatal (muchos de ellos con severas caídas de productividad) y aquellos complejos fabriles o agrícolas que terminaron desmantelados y paralizados.
Ruta legislativa y búsqueda de consenso institucional
La directiva de CEDICE Libertad manifestó su voluntad de promover canales de diálogo institucional que permitan viabilizar la propuesta dentro del debate político nacional. Guijarro enfatizó que el objetivo de la organización es remitir formalmente este documento técnico a la Asamblea Nacional para que sea evaluado, considerado e introducido en la agenda de discusión parlamentaria.
A juicio de la especialista, el reconocimiento y la resolución de los pasivos generados por las expropiaciones constituyen un paso indispensable para restaurar la seguridad jurídica de la República, generar confianza institucional y atraer las corrientes de inversión privada internacional necesarias para la reconstrucción del aparato productivo nacional.
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