La Federación de Trabajadores, Jubilados y Pensionados de Telecomunicaciones de Venezuela (Fetrajuptel) denunció la suspensión indefinida del bono mensual de 200 dólares, una asignación complementaria que servía de soporte financiero directo para más de 10.000 jubilados y sobrevivientes (familiares que perciben la pensión tras el fallecimiento del trabajador titular) de la corporación estatal de telecomunicaciones.
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La dirigencia sindical calificó la supresión de este beneficio como un golpe crítico que desmantela el ya mermado poder adquisitivo del sector pasivo de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), agravando el desamparo socioeconómico de miles de adultos mayores en medio del rezago de la escala salarial que afecta a la administración pública nacional.
Contraste institucional ante la firma de macroacuerdos
El pronunciamiento gremial coincide cronológicamente con una serie de anuncios oficiales efectuados por el Ejecutivo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, enfocados en la creación de un fondo financiero especial para la optimización de los servicios básicos y la firma de convenios con consorcios internacionales para la estabilización de los sistemas energéticos.
No obstante, la plataforma intersindical expuso las profundas asimetrías existentes entre los planes de inversión macroeconómica y el tratamiento presupuestario dispensado al recurso humano de las empresas de servicios del Estado:
- Realidad sectorial: Los sindicatos operativos de Cantv y de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ratificaron de forma conjunta que las plantillas técnicas continúan devengando lo que catalogan como «salarios denigrantes».
- Incumplimientos normativos: Los portavoces sectoriales denunciaron la persistencia de un patrón de vulneraciones a las cláusulas de los contratos colectivos y la desatención continuada de los derechos laborales mínimos exigidos por las bases.
Pensión básica pulverizada por la devaluación
Fetrajuptel recordó el estado de congelación institucional en el que se encuentra la asignación básica legal para los pensionados del Seguro Social y el sector público en el país. El monto base permanece fijado en 571 bolívares mensuales desde el último ajuste decretado en el año 2022.
Tomando como referencia el tipo de cambio oficial emitido por el Banco Central de Venezuela (BCV), que sitúa la divisa estadounidense en Bs. 607,00, el ingreso base reglamentario equivale actualmente a menos de un dólar por mes. Esta realidad estadística acentúa la gravedad del retiro de la bonificación de 200 dólares, el cual funcionaba como el único mecanismo de anclaje cambiario real que permitía cubrir costos de alimentación y tratamientos médicos.
Ante esta coyuntura, la federación rechazó firmemente la eliminación del complemento al ingreso mínimo vital, alertando que la medida infringe de forma flagrante el principio constitucional de progresividad de los derechos laborales y constituye un «acto de despojo masivo que condena a la miseria al sector pasivo».
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