Sala Constitucional designa a Katherine Harrington como vicefiscal general de la República

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Funcionaria tiene historial de imputar a personas críticas con el Gobierno

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia designó y juramentó a Katherine Harrington como vicefiscal general de la República.

El presidente de la sala (y exdiputado a la Asamblea Nacional por el oficialismo), Juan José Mendoza, dijo en rueda de prensa que el Poder Judicial tomó esta decisión en vista de la vacante en el cargo. Argumentó que fue «nulo» el nombramiento de Rafael González hecho por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, ya que el mismo debió ser aprobado por la Asamblea Nacional. Como el Parlamento está en «desacato» y sus actos son «írritos», siguió Mendoza, Ortega debió pedirle al TSJ que aprobara la designación de González.

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Abogados constitucionalistas, dirigentes opositores y la propia fiscal general han advertido sobre la ilegalidad  de esta y otras acciones destinadas retomar el control oficialista del Ministerio Público, luego de que Ortega denunciara la ruptura del orden constitucional en el país.

Para hoy está prevista la audiencia pública en el TSJ contra la fiscal para determinar si hay mérito para juzgarla, como pidió el exdiputado oficialista a la AN, Pedro Carreño. Si se declara dicho mérito, Ortega podría ser apartada de su cargo y sustituida por Harrington.

¿Quién es?

Katherine Harrington adquirió notoriedad por primera cuando era fiscal del Ministerio Público y en febrero de 2015 imputó al entonces alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, por delitos de conspiración.

De acuerdo con un perfil publicado en el portal Efecto Cocuyo, Harrington también hizo imputaciones contra la exdiputada María Corina Machado, la parlamentaria Gaby Arellano, la abogada del Foro Penal Tamara Sujú (hoy en el exilio) y el presidente de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, Rodrigo Damianti.

Un mes luego de señalar a Ledezma, el Gobierno de Estados Unidos incluyó a Harrington en una lista de funcionarios venezolanos sancionados por violación de Derechos Humanos. En lo que ya es un patrón de recompensar a personas penalizadas de esta forma por las autoridades norteamericanas, el Gobierno en abril la nombró viceministra del Sistema de Investigación Penal. Ocupó este cargo hasta septiembre de 2016.

Harrington se desempeñaba hasta hoy como consultora jurídica del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Este organismo ha sido señalado reiteradas por realizar allanamientos y detenciones arbitrarias, sin el aval del Ministerio Público. Además ha mantenido a personas detenidas a pesar de que un tribunal ordenara su liberación.

Ahora que es vicefiscal general y podría sustituir a Ortega Díaz, pareciera que, como se ha alertado, el objetivo del TSJ es poner a alguien de lealtad demostrada al oficialismo a cargo del Ministerio Público.

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