El parlamento venezolano evalúa una serie de modificaciones sustanciales al proyecto de la reforma de la Ley de Protección de la Actividad Ganadera que se aprobó en primera discusión. En ese sentido, los productores buscan subsanar omisiones detectadas en el texto original antes de que se proceda a la votación definitiva en la cámara legislativa.
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La información fue suministrada por José Labrador, vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), durante una conversación en el espacio radial Dos más Dos de Unión Radio. El vocero gremial precisó que una delegación del estado Barinas consignó formalmente ante los diputados un pliego de planteamientos orientados a tipificar faltas penales que quedaron fuera de la propuesta inicial avalada en el primer debate.
Un marco penal de carácter punitivo y preventivo
El dirigente, quien además ejerce la presidencia de la Fundación Venezolana de Servicios de Salud Animal (Funvessa), recalcó que la ley debe estructurarse bajo un principio disuasorio. A su juicio, la única manera de frenar el crimen en las zonas rurales es mediante el establecimiento de sanciones punitivas severas que desmotiven la comisión de actos delictivos, brindando al mismo tiempo un entorno de confianza y resguardo para las familias que laboran en los predios agrícolas.
Labrador calificó este instrumento jurídico, que ya avanza hacia su segunda discusión parlamentaria, como una herramienta crucial para el sostenimiento de la ganadería en el territorio nacional. Los legisladores ya se encuentran analizando las recomendaciones enviadas para determinar su factibilidad técnica.
Cárcel y resarcimiento de daños al productor
Entre las peticiones específicas introducidas por el sector ganadero al Poder Legislativo, destacan dos exigencias fundamentales para combatir la impunidad en el campo:
- Indemnización obligatoria: Se solicita que la ley contemple mecanismos para restituir el valor económico o los bienes robados directamente a las víctimas del abigeato.
- Cadena de responsabilidades penalizada: El gremio exige penas de reclusión efectivas para todos los eslabones de la cadena criminal, persiguiendo penalmente desde el momento en que se perpetra el hurto de los animales hasta el proceso final de distribución y venta ilegal de la carne.
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