La purga política que ha iniciado el Gobierno de Nicolás Maduro enfundada en la consigna anticorrupción y que ya ha llevado a importantes cuadros políticos y gerentes públicos a prisión, no tiene precedentes en la historia del chavismo. En el epicentro de las tormentas, señalado de forma tácita, y en total silencio, se encuentra Tareck El Aissami, hasta hace poco uno de los pilares más poderosos del andamiaje revolucionario.
Por ALFONSO MOLEIRO – EL PAÍS DE ESPAÑA
El proceso anticorrupción en curso es la comidilla cotidiana y el tema de conversación por excelencia en las calles, la mayoría de las veces de manera socarrona e incrédula. La radio y la televisión oficial adelantan la información con prudencia, pero la indignación, cuando no la decepción, hierve en las redes sociales.
El fiscal general, Tarek William Saab, ha declarado que 51 personas – entre altos funcionarios y empresarios vinculados al régimen- tendrán que presentarse ante los tribunales por existir “elementos de convicción” que indican que forman parte de una trama fraudulenta hilvanada para desviar los fondos de la república en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la siderúrgica Corporación Venezolana de Guayana. Saab informó que 262 funcionarios más están siendo procesados e investigados.
Casi todos los inculpados conocidos –Hugbel Roa, Pedro Maldonado, Joselit Ramírez- son cercanos en lo personal al exministro de Energía y Petróleo y exvicepresidente del Área Económica, El Aissami, cuyo paradero se desconoce. El último en ser detenido ha sido Hugo Cabezas, también del entorno político de El Aissami. Cabezas fue presidente del Saime, la oficina de los servicios nacionales de identificación; es actual directivo de la empresa Cartones Venezolanos, vinculada a la CVG, y fue gobernador del Estado Trujillo. Saab no quiso adelantar información sobre un posible juicio al propio El Aissami.
Los montos desviados en negocios ilegales en esta ocasión han sido calculados en tres mil millones de dólares. El propio Nicolás Maduro afirmó sentirse “indignado” ante tal conducta, y prometió que, al final de las pesquisas, el dinero sería reinvertido en obras de gobierno y gestión social.
Aunque no es el primero, ni el más grave del voluminoso expediente de casos de corrupción en los años de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, los mandos revolucionarios pretenden recuperar terreno y legitimidad ante su militancia con un tono inusualmente jacobino en torno a la moral pública. Alguna circunstancia parece haber disparado la espoleta para abrir la cacería interna.
“Los equilibrios internos son complejos dentro del chavismo”, afirma la politóloga y escritora Colette Capriles. “Maduro sale adelante con esta iniciativa, no por un tema moral, sino político. Los excesos de El Aissami y el resto de los dirigentes han puesto en peligro a la propia coalición gobernante. Maduro tiene rato urgido de ingresos, el descontento social está aumentando, tiene planes de hacer inversiones sociales que le permitan encarar las próximas elecciones con perspectivas de victoria, y ha descubierto que la plata le faltaba. Maduro siente que puede orientar esta iniciativa y obtener réditos políticos con ella afianzando su autoridad”.
Una apreciación similar tiene Stefania Vitale, académica del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Universidad Central de Venezuela. “Creo que hubo sorpresa ante la magnitud de los montos, y eso se puede haber combinado con las tensiones del momento. Aquí hay necesidades de dinero, pero es un tema, sobre todo, de economía política. Maduro está buscando reorientar las cosas con sus decisiones”.
En el pasado se produjo una enorme cantidad de desprendimientos por razones ideológicas en el seno del oficialismo –Luis Miquilena, Henri Falcón, Ernesto Alvarenga, Gustavo Márquez, Rodrigo Cabezas-; o por desavenencias políticas, legales y personales, como Andrés Izarra, Gabriela Ramírez, Luisa Ortega Díaz o Miguel Rodríguez Torres.
Las crisis a causa de la corrupción, a pesar de las múltiples denuncias, investigaciones legislativas y reportajes periodísticos que la han documentado en estos años, no han sido nada relevantes, y solo han sido explotadas aquellas que han tenido utilidad política para Miraflores. El exministro de Defensa Raúl Baduel, un líder influyente en los cuarteles, enfrentado personalmente a su antiguo amigo Hugo Chávez, fue llevado a la cárcel bajo cargos de corrupción, aunque era muy obvio que existía interés en sacarlo del camino y opacar su influencia. Jorge Giordani, tutor personal de Hugo Chávez, y durante años su ministro de Planificación, terminó execrado de las filas revolucionarias al asumir Maduro la presidencia, al presentar quejas por la corrupción desbordada y criticar con dureza la política económica oficial.
El voluminoso expediente de corrupción y excesos orquestado en los años de Rafael Ramírez frente a PDVSA, -denunciados en 2016 por parlamentarios de la oposición mientras los fondos nacionales se evaporaban en medio de una prolongada crisis cambiaria-, fueron tenazmente negados por toda la clase política chavista, que bloqueó las investigaciones y terminó cercenando al legislativo en sus funciones para abrir las compuertas de las protestas populares generalizadas de 2017.
Al salir de PDVSA, Ramírez fue primero embajador ante Naciones Unidas, para luego renunciar a su cargo y quedarse en el exterior en calidad de exiliado. Es ahora, casi seis años después, cuando los tribunales chavistas han decidido formalizar cargos contra él.
“El ingrediente de este proceso interno es que se ha presentado en un momento en el cual los ingresos fiscales del estado venezolano están muy limitados para cubrir el número de necesidades del país,” afirma Piero Trepiccione, politólogo y coordinador del jesuita Centro Gumilla. “Maduro necesita recursos para encarar la reelección. Frente a su debilidad en la opinión pública y su poca popularidad, afinca su autoridad, con una recomposición que le permite concentrar poder.”
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