Para el 15 de marzo está previsto que ANAUCO solicite al Tribunal Supremo de los países bajos en La Haya su intervención en el proceso judicial que se ventila en la jurisdicción de Curaçao donde se desarrolla la liquidación del referido Banco.
El Banco del Orinoco de Curaçao, se encuentra proceso de liquidación desde septiembre de 2019 por decisión del Tribunal de Primera Instancia de la isla caribeña, desde entonces el dinero de los depositantes de la entidad ha permanecido bloqueado, sin que sus propietarios puedan disponer de él.
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Desde el inicio del proceso de liquidación de Banco del Orinoco, en las actas del expediente, en los registros y balances de la entidad bancaria, resalta que la mayor parte de su capital, más de 2.400 millones de dólares, se encuentra representado en títulos valores custodiados por terceros. Por su parte los Síndicos de Bancarrota de Banco del Orinoco, han indicado en sus últimos dos informes, que trabajan en un memorándum de entendimiento, el cual propondrán para que los accionistas del banco celebren un acuerdo con los depositantes.
Sin embargo, ha pasado casi año y medio desde que se sentenció la liquidación del Banco del Orinoco, y todavía los Síndicos dicen que no han verificado la existencia de los activos señalados, a pesar de figurar en el expediente las identificaciones de sus custodios internacionales y los reportes de las respectivas firmas auditoras sobre la colocación de estos activos.
Frente a esta situación, ANAUCO ejerciendo la legítima representación de más de 300 clientes del Banco del Orinoco NV que se encuentran afectados acudirá ante la máxima instancia judicial, el cual, además de conocer en última instancia de los recursos interpuestos en los procedimientos judiciales de la isla, tiene la función de supervisar el correcto funcionamiento de los sistemas judiciales de los países que lo integran.
La acción de ANAUCO pretende que esta máxima instancia ordene todas las diligencias necesarias para que de manera expedita los Síndicos presenten el memorándum de entendimiento que han planteado en sus informes de bancarrota, para que nuestros representados puedan disponer de sus haberes depositados en el banco, muchos de los afectados están severamente afectados en sus derechos a la salud, a la alimentación y a la libertad económica.
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