La presidenta de la Fundación Juntos Se Puede, Ana Karina García, denunció que más de 1.000 venezolanos han sido desalojados de sus viviendas arrendadas en Bogotá, Colombia, durante lo que va del mes de julio, debido a la decisión de los arrendadores ante el fin de la vigencia del decreto de la Alcaldía que prohibía hacer desalojos por incumplimiento de pagos.
García explicó al Proyecto Migración Venezuela que esta decisión de los arrendadores ha causado que el número de denuncias por desalojos forzosos se vea en aumento y, en consecuencia, más familias venezolanas se encuentren caminando hacia la frontera con Venezuela para intentar retornar a su país.
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Señaló además que muchos de los procedimientos se han efectuado de forma irregular, puesto que han recibido denuncias de que la policía, sin una orden judicial, han sido quienes ejecutan los desalojos de las viviendas, reseñó El Pitazo.
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