La reciente visita a Venezuela de los delegados de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), contó con el apoyo técnico del lnstituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) y de la dirigencia sindical para investigar las denuncias existentes contra el gobierno de Nicolás Maduro por violación a convenios internacionales.
Los miembros, que estuvieron en el país entre el 8 y 12 de julio, ahora deben presentar un informe que refleje la realidad de la situación de los trabajadores.
Estas son las declaraciones ofrecidas por León Arismendi, director general del Inaesin, a propósito del trabajo de los integrantes de la Comisión de Encuesta en Venezuela:
Hasta el viernes 12 de julio estuvieron en nuestro país los miembros de la Comisión de Encuesta designada por la OIT para investigar las graves denuncias que cursan por ante dicha organización contra el gobierno nacional por violación de los convenios 87 sobre libertad sindical; 26, relativo a la fijación del salario mínimo y, 144, relativo a la consulta tripartita.
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Desde que el presidente Hugo Chávez –hoy fallecido- anunció que demolería a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), las prácticas antisindicales y la hostilidad hacia el movimiento sindical autónomo e independiente no han cesado.
En la propia Constitución se contraviene el Convenio 87 al atribuirle competencia al Consejo Nacional Electoral para organizar las elecciones sindicales. Esa intervención estatal en lugar de facilitar los procesos electorales los dificulta e imposibilita.
La única central sindical que realizó un proceso electoral fue la CTV en 2001 y para colmo, el CNE las anuló. La oficialista Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), fundada en 2011, jamás ha hecho elecciones. Sin embargo, a estos no se les aplica la llamada “mora electoral” con la que se castiga a los demás dirigentes sindicales, impidiéndoles participar en negociaciones y conflictos colectivos desde el momento en que concluye el periodo para el cual fueron electos.
Otra variante de las prácticas antisindicales es la criminalización de las protestas laborales. Se persigue, agrede y encarcela a los dirigentes sindicales por defender y exigir los derechos de los trabajadores. Es la segunda vez que Rubén González, secretario general del Sindicato de Ferrominera, es encarcelado. En esta ocasión en La Pica, sometido a un juicio militar, por participar en acciones sindicales. También están sometido a juicio otros dirigentes sindicales de Guayana.
Estos hechos fueron denunciados y probados por dirigentes sindicales ante la Comisión de Encuesta. Así mismo, se hizo énfasis en la violación del convenio número 26, pues el gobierno nacional eliminó de la ley el dialogo tripartito como mecanismo idóneo para establecer el salario mínimo, armonizando los intereses de trabajadores, patronos y gobierno. En su defecto, impera la imposición unilateral y arbitraria de lo que el gobierno decida. El resultado está a la vista: los salarios no alcanzan para nada.
Desde el Inaesin valoran la actuación unitaria del movimiento sindical y en particular la amplitud de la CTV en facilitar la participación de dirigentes sindicales de distintas tendencias, agraviados por el gobierno. Así mismo, expresaron el reconocimiento a la independencia y objetividad con la que vieron actuar a los miembros de la Comisión de Encuesta de la OIT. «Confiamos en que de manera objetiva e imparcial presentarán un informe que reflejará la lamentable situación en la que se encuentran los trabajadores por la pérdida del valor del trabajo y la destrucción del empleo productivo».
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