Banco Mundial: «Inflación interanual en Venezuela llegó a 500.000%»

La economía venezolana se contrajo 14% el año pasado y se espera que se retraiga 18% este año, según el FMI.

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“La crisis económica de Venezuela puede ser catalogada como una de las más severas de la historia económica reciente, con una hiperinflación anual cercana a 500.000% a septiembre de 2018 y la merma significativa del salario real”, aseguró el organismo en un reporte sobre la migración venezolana en Colombia.

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En el texto “Migración desde Venezuela a Colombia: impactos y estrategia de respuesta en el corto y mediano plazo”, el Banco Mundial asegura que la salida de venezolanos hacia Colombia tiene una correlación con la hiperinflación.

AFP PHOTO / Mauro PIMENTEL
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“Esta ha derivado en el incremento de los niveles de pobreza afectando, aproximadamente, un 90% de la población”, agregó el documento.

Cerca de 1,9 millones de personas emigraron de Venezuela desde 2015, huyendo de la crisis económica y política que atraviesa el país, según la ONU.

Según indicó en octubre el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, la inflación anualizada (septiembre de 2017 – septiembre de 2018) trepó a 342.161%, la más alta en lo corrido del año.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, estima que la hiperinflación llegará a 1.350.000% en 2018.

Analistas atribuyen el estallido inflacionario a una descontrolada emisión de dinero sin respaldo, en un país en recesión desde 2014 por la caída de los precios y de la producción de petróleo. El crudo aporta 96% de los ingresos en Venezuela.

La economía venezolana se contrajo 14% el año pasado y se espera que se retraiga 18% este año, según el FMI.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, lanzó en agosto un programa de reformas frente a la aguda crisis, que incluye un aumento salarial de 3.400%, una devaluación de 96% del bolívar -la moneda local- y alzas en los precios de la gasolina y los impuestos.

El Banco Central de Venezuela dejó de publicar los índices macroeconómicos en febrero de 2016, y el Parlamento, cuyas decisiones no son reconocidas por el gobierno, empezó a hacer la estimación por su cuenta en 2017.

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