El Gobierno venezolano contrató al bufete de abogados Greenberg Traurig para representar al país en una larga batalla legal contra la minera Crystallex que involucra a más de una docena de acreedores que intentan obtener compensación por expropiaciones.
Los abogados Daniel Pulecio y Dominic Draye ahora lideran el equipo de Venezuela en el caso, informó esta semana la fiscal general del país, Arianny Seijo, en una carta a la firma Munger, Tolles & Olson, que solicitó ser retirada como abogada.
El cambio se produce después de que Washington reconociera formalmente al gobierno interino de Delcy Rodríguez en marzo de este año, recoge Reuters.
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«Una decisión del presidente de reconocer a una parte como el único jefe de estado de un gobierno extranjero es concluyente y vinculante para los tribunales», dijeron al tribunal Munger, Tolles & Olson.
Venezuela ha ido cambiando su representación legal en tribunales extranjeros en los últimos meses, especialmente en casos destacados en los EE. UU. que involucran pagos o compensaciones pendientes mientras intenta estructurar un pago de deuda esfuerzo.
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