Venezuela conmemora 60 años de la caída de Pérez Jiménez añorando la democracia

1561
- Publicidad -

Seis décadas. Ese es el tiempo que se cumple hoy desde que una aeronave con nombre de bovino venerado surcara los cielos caraqueños, llevando en ella al caído dictador Marcos Pérez Jiménez a un primer exilio que duraría hasta su extradición a Venezuela desde Estados Unidos. Son 60 años desde el 23 de enero de 1958, fecha que entró a la lista de efemérides nacionales como una suerte de «día de la democracia». Concluida la década de dictadura militar que siguió al primer ensayo democrático y superado el trance de la insurrección guerrillera comunista, los venezolanos dieron por hecha la conquista del divino tesoro político. No sospechaban que, como el divino tesoro al que cantó Rubén Darío, se iría.

Ningún observador no comprometido con el chavismo o con sus aliados ideológicos y geopolíticos califica a Venezuela como régimen democrático desde hace años. A ello replican los voceros del PSUV con el mantra «¿Cómo no puede haber democracia si hay elecciones?». Sin embargo, la limpieza de los procesos comiciales está cada vez más en tela de juicio dentro y fuera del país, al punto de que buena parte de la dirigencia opositora clama por la urgencia de recuperar el voto como herramienta para el cambio y la realización de procesos justos es esgrimida como condición de la comunidad internacional democrática para el retiro de sanciones al Gobierno venezolano.

Son de vieja data problemas como el uso de recursos públicos para las campañas de oficialistas, el veto a opositores en una parte importante de los medios, las denuncias de sobornos y hasta chantajes a votantes con respecto al acceso de políticas sociales y la coerción contra testigos de la disidencia el día de la votación. Pero desde el año pasado a todo esto se agrega la alerta de sufragio inflado por el Consejo Nacional Electoral, formulada por la propia empresa que durante más de una década brindó la plataforma tecnológica comicial, Smartmatic. También los señalamientos de uso del Carnet de la Patria para vulnerar el secreto del voto, expuestos en una investigación del portal El Estímulo.

- Publicidad -

Los abusos no terminan con las campañas y las jornadas electorales. Al menos desde 2008 el Gobierno ha tomado diferentes medidas para arrebatar funciones y hasta anular de facto organismos públicos que, mediante comicios, pasaron al control de opositores. Así, ante la pérdida de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, se creó un ente paralelo: el Gobierno del Distrito Capital. En el caso de las gobernaciones conquistadas por la oposición, se inventó la figura del «protector» estadal. Todos estos puestos son ocupados por personas designadas a dedo por Miraflores. Quizás el caso más grave sea la anulación de la Asamblea Nacional inmediatamente después de que la oposición se volviera mayoría absoluta.

La excusa fue un «desacato» a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que eliminó los resultados de los comicios parlamentarios en Amazonas, para revisar una denuncia de fraude presentada por el chavismo. Aunque esta coyuntura debió resolverse lo más rápidamente posible (por dejar a un estado completo sin representación legislativa, ni más ni menos), el TSJ lleva más de dos años supuestamente buscando pruebas del fraude.

Además, el oficialismo impone un nuevo peaje a todo funcionario electo antes de poder tomar posición de su cargo: juramentarse ante una «asamblea nacional constituyente» emergida en circunstancias legalmente irregulares y rechazada en plebiscito por más de siete millones de venezolanos, así como por la la comunidad internacional democrática, que consideraran que usurpa funciones de la Asamblea Nacional. En ninguna parte del ordenamiento jurídico venezolano se establece que una constituyente tenga la potestad de obligar tal juramentación, lo cual no ha impedido que quienes hayan desacatado la orden, como Juan Pablo Guanipa en Zulia, sean desprovistos de sus victorias comiciales.

Democracia es más que votar

En su concepto aristotélico, la democracia se define sencillamente como el gobierno de la mayoría en una sociedad dada, que expresa su voluntad mediante el sufragio. Sin embargo, esta es una acepción del siglo IV antes de Cristo y no se puede pretender que hoy siga inmutable, como si desde entonces no hubiera habido añadiduras que tiendan hacia una sociedad más justa.

A la hora de evaluar cuán democrática es una sociedad, hay muchos más criterios en juego además de la realización periódica de elecciones. De lo contrario, hasta Corea del Norte pasaría la prueba. Hoy la democracia suele ser casada con un Estado de Derecho que contiene las garantías para su propia preservación. Ello incluye la tolerancia y la posibilidad de participación real en la política para cualquier minoría, la cual no puede ser excluida o, peor, sometida a condiciones de vida inferiores porque la mayoría así lo decida. Si el grupo opresor es minoritario, la ausencia de democracia es aún más visible.

Además del derecho a elegir y ser electo para un cargo público, en una democracia debe haber una garantía a la manifestación pública pacífica (valga la cacofonía), sin importar las opiniones políticas de quienes lo hagan. Eso ya casi ha desaparecido de Venezuela. Las protestas opositoras son casi siempre reprimidas por organismos de seguridad, a menudo de forma brutal y sin ningún respeto por la integridad física de los manifestantes. Además, muchos son detenidos y juzgados como «terroristas» por tribunales militares no aptos para procesar civiles.

La persecución de dirigentes opositores se ha vuelto común en el país. Los procesos judiciales en su contra, por delitos que les imputan, son ampliamente considerados como amañados y sin pruebas válidas. Cabe recordar el caso de Leopoldo López, en el que una experta en semiótica fue convocada para evaluar si el discurso del líder disidente tenía la intención de generar violencia. A pesar de que la especialista concluyó que no fue así, su evaluación fue alterada para incriminar a López. Uno de los fiscales en el caso, Franklin Nieves, luego admitió que todo el proceso estuvo viciado.

En fin, muchos políticos terminan tras las rejas de esta forma. Otros tienen que huir al exilio para evitar la cárcel. Rasgos que recuerdan al gobierno de Pérez Jiménez.

Por último, el acceso a la información de interés público por diferentes medios de comunicación, al igual que el debate plural de ideas, son considerados parte esencial de una democracia moderna. De nuevo, Venezuela presenta dificultades severas en este aspecto. Los datos más básicos sobre la situación del país (en economía, en salud, en criminalidad, etc.) son tratados como secreto de Estado. La difusión de informaciones incómodas para el oficialismo es obstaculizada por organismos de seguridad, que a menudo agreden a los periodistas mientras trabajan. Los medios que dan cabida a tales contenidos son sancionados y hasta cerrados por el Estado. Y las opiniones políticas divulgadas en medios pueden acarrear sanciones para sus autores y difusores si molestan aunque sea a una figura dentro de la cúpula oficialista.

Todas estas características del régimen político que hoy existe en Venezuela hacen que muchos habitantes suspiren por la democracia, sobre todo en una fecha como el sexagésimo aniversario del 23 de enero del 58. Pero, a diferencia de la juventud, aquella es un divino tesoro que siempre se puede recuperar, aunque sea con mucho esfuerzo y sacrificio.

 

- Publicidad -