¿Cómo afecta la sentencia del TSJ la obtención de financiamiento externo?

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El abogado constitucionalista Pedro Afondo del Pino afirmó que la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual asume las competencias de la Asamblea Nacional, frenará cualquier posibilidad del gobierno para conseguir financiamiento o celebrar contratos con gobiernos y empresas extranjeras.

“Al gobierno no le interesa la legalidad sino el flujo de caja y tener dinero para gobernar, pero esta sentencia le va a complicar conseguir ese dinero, que está afuera y no en el país”, dijo el experto.

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En su opinión, si bien la sentencia otorga a la Sala Constitucional la posibilidad de legislar en materia económica o entregar esta facultad al presidente de la República, la constitución establece que cualquier endeudamiento o contrato para la explotación de recursos debe ser aprobado por el parlamento, por lo cual cualquier contratación firmada bajo esta modalidad tiene visos de nulidad.

“Las empresas que quieran contratar con Venezuela saben esto y estoy seguro que evitarán firmar ningún acuerdo que pueda ser anulado. Lo mismo pasa con cualquier organismo o gobierno que quiera entregar un préstamos a Venezuela”, dijo.

En la noche de este miércoles, la Sala Constitucional del TSJ sentenció que asumirá las competencias de la Asamblea Nacional mientras esta se mantenga en «desacato».

Afonso precisó que si lo que se quiere es crear empresas mixtas para explotar el arco minero de Guayana o petróleo en la Faja del Orinoco, las posibilidades son nulas pues cualquier contrato podría ser anulado “porque aquí, inevitablemente, habrá cambio de gobierno”.

En su opinión, es muy poco probable que el gobierno logre el préstamo que por 400 millones de dólares gestiona ante la CAF, pues ese organismo sabe que ese endeudamiento debe ser aprobado no por el Presidente o el TSJ sino por la AN.

“El argumento del desacato es muy pobre, no se sostiene como sustento para garantizar el otorgamiento de créditos”, dijo el abogado.

Recordó además que los chinos, los rusos y otras naciones que desean invertir en Venezuela lo hacen a largo plazo, y si no tienen garantías de que sus contratos son válidos no van a desembolsar los recurs