Con una marcha multitudinaria los principales sindicatos de Argentina se plantaron este martes contra la política económica del presidente liberal Mauricio Macri, para exigir mejoras salariales y freno a la apertura de las importaciones.
La protesta, que tapizó de banderas gremiales el centro de Buenos Aires, se produce cuando los docentes de la educación pública y los hospitales cumplen el segundo día de una huelga de 48 horas por reclamos salariales.
La manifestación al ministerio de la Producción había sido convocada por trabajadores industriales afectados por la apertura de importaciones y la caída del consumo interno. Pero se convirtió en una demostración de fuerza a la que se sumó todo el arco sindical, organizaciones sociales y políticas opositoras.
El telón de fondo es una economía que sigue en recesión. En 2016 el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 2,3% con un tibio repunte en el último trimestre tras cuatro consecutivos de caída.
La marcha convocó a decenas de miles de personas con representaciones sindicales de todos los puntos del país. Es la segunda movilización masiva de la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera, desde que asumió Macri en diciembre de 2015.
Dirigentes de la CGT anticiparon que si el gobierno «no rectifica el rumbo económico», lanzarán una huelga general de 24 horas en abril.
Argentina está en recesión, con una fuerte caída de la industria y el consumo. La desocupación roza el 10% con miles de despedidos por cierres de fábricas y la pobreza alcanza a uno de cada tres argentinos.
En una adhesión inédita se sumaron a la protesta pequeños y medianos empresarios nucleados en la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) afectados por el deterioro del consumo y el alza de tarifas de servicios públicos que el gobierno aumentó en 400% promedio.
El núcleo de los reclamos es torcer el brazo del gobierno que busca ceñir los ajustes salariales a la pauta inflacionaria para este año, fijada en 17%.
Los sindicatos reclaman conseguir al menos un 30% para recuperar parte del poder adquistivo perdido en 2016 cuando se pautaron ajustes salariales en torno al 24% y la inflación llegó al 40%. AFP
Trabajadores públicos evitan la jubilación para seguir cobrando bono alimentario
