Su llegada al TSJ generó críticas, pero y el chavismo había proclamado que solo tolerará magistrados alineados
La sentencia número 7 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, no solamente rechaza el abandono del cargo del Presidente declarado por la Asamblea Nacional, sino que hasta amenaza con aplicar a los diputados opositores que aprobaron dicha medida con un procedimiento legal que los pudiera poner por año y medio tras las rejas.
Desde que se instaló el Parlamento con mayoría adversa al Gobierno en enero de 2015, han llovido los fallos del máximo tribunal contra el Legislativo y algunos de los más criticados han aparecido con el encabezado de «ponencia conjunta» de todos los jueces que componen la Sala Constitucional. Esta vez, sin embargo, la exposición quedó exclusivamente a cargo del magistrado Juan José Mendoza.
Este magistrado, que ahora prácticamente exige al Ministerio Público que procese a los diputados opositores por «conspiración», también fue diputado a la Asamblea Nacional antes de su ingreso al TSJ en 2010. ¿Por qué fuerza política? El oficialismo, condición que comparte con sus colegas de la Sala Constitucional Calixto Ortega y Gladys Gutiérrez (aunque esta fue legisladora suplente), así como Cristian Zerpa, de la Sala Electoral. Por eso, su nombramiento como juez hace siete años produjo críticas por parte de quienes consideran que no cumplía con los requisitos de imparcialidad.
Ya lo dijo el diputado Pedro Carreño cuando en 2004, cuando la AN modificó la Ley Orgánica del TSJ para aumentar el número de magistrados: «No nos vamos a meter un autogol», connotando así que no considerarían candidatos a la cabeza del Poder Judicial que no estén alineados con los intereses del chavismo. El resto es historia.
