Autoridades gubernamentales desmantelaron una infraestructura clandestina de minería digital que operaba dentro de las instalaciones de una empresa metalúrgica ubicada en una zona industrial del estado Bolívar. Durante el procedimiento se ejecutó la incautación de 310 máquinas destinadas al procesamiento de criptomonedas, según el reporte emitido por la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN).
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En el operativo se efectuó la detención del presidente de la empresa Tameca, identificado como Marcos María, a quien se le imputa el delito de minería digital automatizada no autorizada.
Impacto en la red eléctrica y comunidades afectadas
Los informes técnicos de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) indicaron que los equipos informáticos se encontraban conectados de forma ilegal a la red de distribución nacional. Dicha conexión generaba variaciones elevadas de consumo energético de manera continua durante las 24 horas del día.
De acuerdo con las fuentes de Corpoelec citadas en el reporte oficial, la demanda de energía de la instalación saturaba la capacidad de los transformadores locales. Esta situación afectaba el suministro eléctrico en más de una docena de sectores de la localidad, incidiendo de forma directa en el servicio recibido por 1.500 familias, así como en el funcionamiento de centros educativos y asistenciales de la zona.
La gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, manifestó que los organismos de investigación mantendrán las labores de seguimiento técnico para identificar las fuentes de financiamiento de la red y localizar otros centros operativos que no cuenten con las autorizaciones legales del Estado.
Antecedentes y contexto del sistema eléctrico nacional
Este procedimiento sigue al desmantelamiento registrado la semana pasada en el estado Aragua, donde las autoridades, bajo la gestión de la gobernadora Joana Sánchez, inhabilitaron un centro clandestino que operaba con más de 4.000 equipos de minería digital del tipo ASIC (Circuito Integrado para Aplicaciones Específicas), los cuales generaban afectaciones en el sistema de interconexión nacional.
Las acciones institucionales contra la minería no autorizada coinciden con un incremento en las fallas del servicio eléctrico en el territorio nacional. Ante esta situación, el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez —quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de cuerpos de seguridad de Estados Unidos en enero— ha iniciado procesos de apertura hacia la inversión privada y extranjera en sectores estratégicos como el minero y el petrolero. El plan gubernamental incluye negociaciones con las corporaciones internacionales Siemens y General Electric orientadas a la atención de la infraestructura eléctrica en la región fronteriza con Colombia.
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