El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, solicitó formalmente al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional el aplazamiento de su declaración en calidad de investigado, la cual estaba programada para el próximo 2 de junio.
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Rodríguez Zapatero comparece en la causa bajo la hipótesis judicial de haber liderado una presunta red de tráfico de influencias ante instancias públicas para favorecer la concesión de un préstamo de 53 millones de euros provenientes de fondos públicos, destinado al rescate de la aerolínea Plus Ultra en el año 2021. Los cargos que pesan sobre el exjefe del Ejecutivo (2004-2011) incluyen organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
Antecedentes y evolución de la causa judicial
El proceso penal ha transitado por diferentes instancias judiciales antes de radicarse en el tribunal de competencia nacional:
- Fase inicial: El Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid investigó en primera instancia el otorgamiento del préstamo de 53 millones de euros, dictando posteriormente el archivo de las actuaciones con el aval de la Audiencia Provincial de Madrid.
- Hallazgos de la UDEF y Anticorrupción (2024): La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detectaron indicios de que los fondos del rescate público habrían sido presuntamente desviados para el blanqueo de capitales vinculados a tramas de corrupción originadas en Venezuela.
- Inhibición a la Audiencia Nacional (2026): Tras la reapertura del caso a solicitud de Anticorrupción, el juzgado de instrucción ordinario se inhibió en favor de la Audiencia Nacional. El magistrado José Luis Calama asumió la competencia plena del expediente el pasado 3 de marzo, prorrogando la fase de instrucción hasta el 28 de mayo.
Hipótesis de la investigación y defensa
La línea de investigación del tribunal señala que los beneficios económicos derivados de la operación habrían sido canalizados hacia el expresidente y su entorno cercano a través de un entramado de sociedades mercantiles, algunas de ellas identificadas como empresas instrumentales sin actividad operativa real. Este procedimiento técnico representa la primera imputación formal de un expresidente del Gobierno en la historia democrática de España.
Por su parte, Rodríguez Zapatero difundió un comunicado audiovisual en el que rechazó los señalamientos y manifestó que ejercerá su derecho a la defensa para demostrar su inocencia, afirmando que no realizó gestiones ante administraciones públicas o sectores estatales en relación con los aportes financieros otorgados a la aerolínea Plus Ultra.
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