En un movimiento que añade dinamismo al tablero financiero internacional — y mucho más al venezolano — el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció, este martes, la emisión de la Licencia General 58.
Este instrumento faculta a bufetes de abogados, consultoras y asesores financieros internacionales para iniciar diálogos formales con el Gobierno de Venezuela y la estatal Pdvsa, con el objetivo de diseñar una hoja de ruta para una eventual reestructuración de la deuda que debe honrar el Estado venezolano.
La medida representa un alivio operativo para las firmas que, hasta ahora, se mantenían al margen por temor a las sanciones. Según el documento oficial, los servicios autorizados abarcan la evaluación, el desarrollo y la preparación de opciones de reestructuración, así como la elaboración de propuestas técnicas de apoyo.
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Sin embargo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha sido enfática: el «candado» financiero no se ha abierto del todo. Por el momento, sigue estrictamente prohibida cualquier transacción que implique la renegociación efectiva, quita de deuda o transferencia de activos con el Ejecutivo venezolano o la estatal petrolera.
El giro de la administración estadounidense se produce apenas 20 días después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmara el restablecimiento de sus relaciones técnicas con las autoridades venezolanas.
No obstante, el camino hacia la recuperación del crédito internacional luce todavía largo y complejo. A pesar de la nueva licencia, ni los organismos multilaterales ni la banca comercial tienen aún la «luz verde» requerida para concretar operaciones que alivien el déficit de las cuentas públicas sin exponerse a represalias de Washington.
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