Delcy Rodríguez, presidente interina de Venezuela, ha dado por concluida la aplicación de la Ley de Amnistía que fue aprobada, por la Asamblea Nacional, el pasado mes de febrero.
Con un balance de 8.616 ciudadanos beneficiados, el Ejecutivo cierra la ventana de «perdón exprés» para dar paso a un mecanismo de revisión técnica encabezado por la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal.
Durante la intervención efectuada este jueves, Rodríguez calificó el proceso como un éxito para la «estabilización política» del país. La gobernante interina aseguró que la medida cumplió su objetivo de cobertura masiva.
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Con relación a los casos que la norma excluyó expresamente — entre ellos los de militares involucrados en alzamientos — la mandataria apuntó que serán canalizados a través del Programa para la Paz y Convivencia Democrática.
«La amnistía ha cumplido su ciclo. Para los casos que quedaron fuera, existen ahora espacios de abordaje institucional para garantizar que la justicia no sea perturbada», afirmó.
Este movimiento traslada la responsabilidad de los casos más polémicos a la comisión liderada por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien supervisará la reestructuración del sistema penal.
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El cierre del proceso ha generado reacciones inmediatas en las organizaciones de derechos humanos.
Según datos del Foro Penal, la cifra de beneficiarios gubernamentales incluye a miles de personas que ya gozaban de libertades restrictivas, mientras que el núcleo duro de los denominados «presos políticos» — unos 473 detenidos — sigue tras las rejas.
La exclusión del personal militar es el punto de mayor fricción, pues el proceso de amnistía dejó por fuera eventos como la denominada “Operación Gedeón” o el alzamiento de militares que pertenecían al comando de la Guardia Nacional ubicado en Cotiza.
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Analistas han destacado que el anuncio sobre el cierre de la fase de “perdón y olvido” coincidió con la llegada, a Venezuela, de John Barret, nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas.
Los expertos creen que, con la decisión, Delcy Rodríguez busca presentar un escenario de «normalización» que le permita sumar puntos ante la administración del presidente Donald Trump.
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