En la gran partida de ajedrez que se juega dentro de Venezuela, la administración encabezada por Jorge y Delcy Rodríguez acaba de hacer su último movimiento.
Este martes, en el seno de la Asamblea Nacional (AN) se designó una comisión preliminar que se encargará de emprender cambios profundos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Los diputados que integran el grupo de trabajo tendrán la responsabilidad de postular a una docena de futuros magistrados. Esos jueces sustituirán a colegas que serán cesanteados mediante jubilación.
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Los informes preliminares revelan que el remezón busca renovar hasta 70% de la plantilla de magistrados que integran el Poder Judicial.
Expertos señalan que el cambio tiene, a su vez, un cometido no revelado: modificar la correlación de fuerzas a lo interno del TSJ.
Desde 2014, la instancia estuvo controlada por Nicolás Maduro y, sobre todo, por su esposa, Cilia Flores de Maduro.
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A punta de jueces más fieles a Miraflores que a la sede judicial de Dos Pilitas, la ex pareja presidencial se encargó de configurar un Tribunal Supremo que le era favorable.
Con tal realidad como telón de fondo, se da por descontado que el nuevo tren judicial estará conformado por figuras afines a los hermanos Rodríguez.
Seguridad jurídica
Tras el retorno de Venezuela al sistema de Bretton Woods, a principios de este mes, la lupa internacional se posó sobre la transparencia institucional.
La reforma del TSJ intenta, así, subsanar el vacío de confianza que impide que las grandes corporaciones regresen al país.
En tal sentido, se busca crear un sistema donde los contratos se respeten y las disputas comerciales no se resuelvan en función de las lealtades políticas, sino por códigos legales.
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Sin embargo, el escepticismo es el invitado de piedra en esta reforma. Analistas jurídicos advierten que el éxito de esta medida no se medirá por el número de magistrados sustituidos, sino por la autonomía real de sus fallos.
Mientras tanto, desde la oposición se ha apuntado que, sin un proceso de remoción y, a su vez, de selección transparente, se corre el riesgo de incurrir en un «gatopardismo» judicial, en el que se “cambiará” todo para que nada cambie.
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