Cuando restan 10 días para el próximo 01 de mayo y, por tanto, para el Día Internacional del Trabajador, la realidad salarial en Venezuela se mantiene en estado crítico.
El bolívar, la moneda de curso oficial en el país, ha registrado una devaluación superior al 36%, tan sólo el primer trimestre de 2026, lo cual repercute en el ingreso percibido por obreros y empleados.
La caída del bolívar ha sido tan drástica que, en 90 días, el tipo de cambio pasó desde los 301.37 bolívares por dólar hasta los 473,87 bolívares por dólar.
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La depreciación de la moneda no sólo enterró el valor del signo monetario, sino que redujo, a su vez, el salario mínimo mensual, el cual, al ser de 130 bolívares, equivale, al día de hoy, a 0.27 centavos de dólar.
Con tal contexto como telón de fondo, diputados de la Asamblea Nacional (AN) alzaron su voz para exigir una reforma estructural que detenga la pulverización del ingreso.
En tal sentido, Amelia Belisario, integrante del partido Primero Justicia y miembro del Grupo Parlamentario Libertad, calificó como “insostenible” la realidad salarial venezolana.
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Durante una rueda de prensa realizada en la ciudad de Caracas, la parlamentaria denunció que la política de «bonificación» — mediante la cual el Ejecutivo otorga transferencias directas, que no se computan como prestaciones sociales — ha precarizado la vida de millones de familias.
«Lamentablemente, no hemos recibido información sobre el salario ‘responsable’ que se ha prometido», señaló la abogado, refiriéndose al incremento anunciado por Delcy Rodríguez, presidente interina de Venezuela.
El nudo gordiano de la LOTTT
Para los especialistas y legisladores, el problema no estriba, únicamente, en la inflación crónica que se experimenta en la República Bolivariana.
Para expertos y asambleístas, el marco legal que rige el trabajo y su debida compensación se ha vuelto una trampa para el sector público y también para el privado.
La actual Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), promulgada en 2012, impone una carga de pasivos laborales que el Estado, en su actual situación financiera, no puede — o no quiere — asumir.
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El resultado ha sido el congelamiento del salario base por más de cuatro años, refugiando la liquidez en bonos que dejan al trabajador en la «intemperie jurídica».
En medio de esa realidad, la bancada legislativa de oposición ha propuesto «sincerar» el mercado laboral.
Los diputados plantean, por tanto, una reforma que permita aumentar el sueldo real, sin que la estructura de prestaciones sociales colapse la operatividad de las empresas o las arcas del Estado.
La meta, en ese sentido, es clara: devolverle al trabajo su valor de ahorro y movilidad social, eliminando la dependencia de bonos discrecionales que se diluyen ante el avance del dólar oficial.
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