A pesar del tímido giro que experimenta Venezuela desde comienzos de 2026, el chavismo ha logrado retener el control de las principales instituciones.
Esa realidad se ratificó este jueves, cuando la Asamblea Nacional (AN), en medio de su sesión ordinaria, ubicó a par de funcionarios afines al sector oficial en los cargos de fiscal general y defensor del pueblo.
Los nombramientos ubican rostros frescos en esos despachos, sin modificar la estructura — ni la lealtad — del Poder Ciudadano, la rama del Poder Público Nacional que investiga y sanciona hechos contra la ética pública y la moral administrativa.
De interino a titular
La Fiscalía General, un órgano a cargo de las causas judiciales federales, quedó en manos de Larry Devoe, un abogado penalista y criminólogo, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Hasta finales de enero, Devoe se desempeñó como miembro del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, la iniciativa con la que Delcy Rodríguez pretendió impulsar el diálogo y la reconciliación nacional.
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El jurista se convirtió, más tarde, en fiscal general encargado. En consecuencia, asumió las riendas del Ministerio Público, tras la renuncia del poderoso ex fiscal Tarek William Saab.
Al convertirse oficialmente en fiscal de la nación, Larry Devoe podrá abrir investigaciones y procesar a actores de oposición, pero también a la dirigencia chavista caída en desgracia.
El abogado tiene experiencia en esas lides. De hecho, luego de revelada la trama de corrupción Pdvsa – Cripto, Devoe formó parte de las juntas interventoras de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Moderada y “potable”
El segundo nombramiento de la jornada fue el de Eglee González Lobato. Su designación como defensora del pueblo es interpretada como una leve concesión a la oposición que optó por bailar al ritmo del “swing” chavista.
Aunque González Lobato es abogado de profesión (tiene incluso un doctorado en Derecho), la opinión pública le conoce por su trabajo como profesora de escalafón de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
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La jurista también tiene amplios conocimientos en materia electoral. De hecho, es la autora del libro “Registro Electoral Venezolano” y coautora de una segunda obra, titulada “Integridad Electoral”.
Aunque llegó a ser una acérrima opositora a la administración de Nicolás Maduro, el tiempo — y la represión intensa contra las voces disidentes — la fueron empujando hacia el centro.
Hoy en día, la profesora nada en las aguas de la política moderada. Su candidatura fue, de hecho, anunciada y respaldada por Fuerza Vecinal y la Alianza del Lápiz.
Aunque los movimientos se circunscriben dentro de la oposición política venezolana, sus dirigencias han logrado tender puentes para alcanzar cierto grado de convivencia con el chavismo.
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