Cuando una noticia tiene igual resonancia en La Habana y en Miami es porque ha surgido en un mismo lugar: la isla de Cuba.
Justo este jueves, el Gobierno de la nación caribeña ordenó la liberación de cientos de prisioneros políticos.
Se trata de más de 2.000 personas, que resultaron beneficiadas con una medida de amnistía.
Aunque positiva para las víctimas y sus familiares, las liberaciones han estado bajo escrutinio.
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Algunas críticas han llegado desde el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Otras objeciones han emanado desde las oficinas de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Se cree que el régimen de La Habana, encabezado por Miguel Díaz-Canel, podría usar a los ex prisioneros como monedas de cambio.
Tras las liberaciones, Cuba podría solicitar que se le retire de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo.
Una urgencia económica
En enero de 2021, Cuba fue reinsertada en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo.
La decisión, tomada por el presidente Donald Trump durante su primera administración, se sustentó en el apoyo brindado por la isla a integrantes de la guerrilla colombiana.
Más tarde, en enero de 2025, la historia dio un giro. Antes de abandonar la Casa Blanca, Joe Biden pidió que se sacara a La Habana del ignominioso listado.
Sin embargo, con la vuelta de Trump al Despacho Oval, el nombre de Cuba fue recolocado en la lista.
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Debido a ello, el régimen de Miguel Díaz-Canel perdió acceso al sistema financiero internacional.
Los bancos que operan más allá de las fronteras cubanas no pueden procesar transacciones vinculadas con la isla.
La misma restricción impide a las pymes cubanas operar cuentas en dólares, debido a las sanciones que pesan sobre el Estado.
Supervivencia energética
Las liberaciones de este 2026 se dan en un contexto ampliamente desfavorable para Cuba.
El país, que de por sí exhibe indicadores macroeconómicos desfavorables, experimenta además una crisis energética.
El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de la isla opera, actualmente, al 40% de su capacidad.
La generación eléctrica de Cuba depende, en mucho, de la llegada de combustible importado.
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Mucho de ese carburante procede de países como Irán, Rusia o Venezuela.
Hoy en día, con Rusia sumida en su propia guerra, con Irán luchando contra Estados Unidos e Israel y con Venezuela en medio de un reacomodo político, los envíos de gasoil no están llegando a La Habana.
Por ende, la liberación de prisioneros políticos no sólo ha de funcionar como válvula de escape que reduzca la presión social.
La medida también pretende que Estados Unidos facilite un «acuerdo de emergencia» para la importación de combustible y piezas de repuesto necesarias para la operación de las termoeléctricas cubanas.
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