Mineros y metalúrgicos advierten que proyecto de Ley de Minas contiene vacíos preocupantes

Con la finalidad de transformar la industria extractiva venezolana, el Ejecutivo liderado por Delcy Rodríguez ha propuesto una reforma sustancial de la Ley Orgánica de Minas.

La iniciativa, que ya se considera en el seno del Parlamento, ha de derivar en un instrumento jurídico que, en teoría, debería brindar garantías a inversores nacionales y extranjeros.

Aunque el texto en el que se trabaja consagra una ruta para la modernidad institucional, parte de su articulado está viciado por la discrecionalidad y la desconexión con los mercados globales.

Esas debilidades activaron las alarmas de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos (SVIMM).

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Desde allí se hizo una evaluación del borrador que irá a segunda discusión dentro de la Asamblea Nacional.

Tras el estudio, la SVIMM advirtió que la propuesta de ley tiene tanto luces como sombras.

La Sociedad aplaudió, por ejemplo, la creación del Banco Nacional del Dato Geocientífico – Minero (BNDG).

Para los expertos, la herramienta marcará un hito en términos de innovación tecnológica.

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El Banco centralizará la información geológica y geoquímica, permitiendo una planificación basada en evidencias y una trazabilidad real de la producción.

Aun cuando respaldan el repositorio, los ingenieros consideran que no respetar la propiedad intelectual podría convertir al Banco Nacional de Dato en un arma de doble filo.

Los profesionales del sector minero y metalúrgico creen que la ley debe garantizar que la información levantada, por las empresas privadas, no será “secuestrada” en el futuro y monopolizada por el Estado.

Otra de las críticas se relaciona con los estándares que han de cumplir las compañías extractivas que operen en Venezuela.

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En tal sentido, la SVIMM ve con preocupación que el texto ignore estándares como el JORC o el NI 43-101, fundamentales para la credibilidad ante la banca internacional.

Según la Sociedad, el documento tampoco menciona normas de gestión ambiental, como las ISO 14001, o de seguridad, como las GISTM. Ello,  apuntaron desde el gremio, sitúa a Venezuela en una posición de desventaja competitiva frente a otros distritos mineros de la región.

Entre sus observaciones, los representantes del sector minero y metalúrgico también incluyeron la asimetría de exhibe el proyecto de ley, en términos de plazos administrativos.

Los ingenieros reprochan, por ejemplo, que la ley establezca lapsos poco realistas para la entrega de documentación técnica y que se impornga el “silencio administrativo” como un rechazo automático a cualquier solicitud.

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Por último, el gremio insiste en que la concesión minera debe ser el eje central de la actividad y que se le debe  tratar como un bien inmueble que permita acceder a financiamiento bancario real.

Creen que, sin títulos sólidos y procedimientos transparentes, la minería venezolana corre el riesgo de quedar atrapada en una escala artesanal o de pequeña minería.

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