La Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expresó que «la maquinaria represiva del Estado venezolano continúa operativa»», pese a los hechos del 3 de enero, que devinieron en el arresto de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. y la llegada de a la presidencia de Delcy Rodríguez, reseñó EFE.
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Como una muestra de ello, sostuvo que funcionarios de alto nivel y militares que fueron identificados en investigaciones de esta misma misión como responsables de crímenes de lesa humanidad siguen ejerciendo importantes cargos en el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad.
Asimismo, «los instrumentos jurídicos que durante años han servido de base para la persecución política se mantienen plenamente en vigor», señalaron los expertos al presentar un informe oral sobre la situación reciente en Venezuela al Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra.
La Misión también destacó que pudo corroborar que, desde que Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela, al menos 87 personas fueron detenidas por motivos políticos.
Además, de los periodistas y supuestos colaboradores con EE.UU. mencionados anteriormente, una treintena de personas del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y sus familiares fueron arrestadas por negarse a falsear evidencias relacionadas con el ataque militar de Washington para sacar a Maduro del poder, dijeron.
Esto ocurrió tras un período de intensa represión entre septiembre y diciembre de 2025, durante el cual la Misión documentó 135 detenciones arbitrarias y el uso continuado de «tortura y malos tratos contra personas detenidas en prisiones, centros de detención y (las llamadas) casas seguras”.
«Las organizaciones de la sociedad civil y los escasos medios independientes que todavía existen son aún objeto de ataques, hostigamiento e intimidación», recalcó Quintero.
Sobre las excarcelaciones de presos políticos de los últimos mes, la Misión lo consideró un paso positivo, aunque carente de transparencia y mencionó que «no hay datos ciertos y únicos sobre su identidad y número», recordando que mientras el gobierno habla de 626 personas liberadas, las oenegés estiman que se trata de muchas menos.
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