El Canciller Yván Gil anunció el jueves que el gobierno venezolano ha suspendido las actividades de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Caracas, solicitando que su personal abandone el país en un plazo de 72 horas.
Esta decisión se tomó en respuesta a lo que el gobierno considera una actitud colonialista, abusiva y contraria a la Carta de las Naciones Unidas por parte de la oficina.
Gil, en declaraciones desde la Casa Amarilla, afirmó que la suspensión se debe al papel «impropio» que ha desempeñado la oficina, que ha violado un acuerdo que prohíbe la injerencia en asuntos internos.
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Señaló que la oficina ha ejercido presiones sobre los poderes públicos y ha cuestionado el funcionamiento de los órganos del Estado, lo cual es considerado intolerable por el gobierno venezolano.
El Canciller recordó que el gobierno había iniciado una cooperación con la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en septiembre de 2019, permitiendo su instalación en Caracas, pero que ahora se ve obligado a suspenderla debido a su desviación del mandato establecido.
Aclaró que Venezuela seguirá cooperando con la oficina del Alto Comisionado en Ginebra y que se revisarán los términos del convenio en Caracas en los próximos 30 días.
Gil enfatizó que Venezuela mantiene sus compromisos en materia de derechos humanos, pero que la decisión de suspender la oficina es administrativa y se basa en su instrumentalización como una plataforma para la oposición de extrema derecha venezolana.
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