Las instituciones de la Unión Europea (UE) lograron este miércoles cerrar un acuerdo sobre el pacto de migración y asilo, un sistema común destinado a facilitar la acogida de solicitantes de asilo e impulsar los retornos de quienes no tengan derecho a permanecer en territorio europeo.
El acuerdo logrado este miércoles entre los representantes de la presidencia del Consejo de la UE (que desempeña España), el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, deberá aún ser formalizado y adoptado en el primer semestre de 2024, antes de las elecciones del próximo junio.
El complejo paquete migratorio pretende dotar a los Veintisiete de un mecanismo previsible para responder a las necesidades existentes, incluida la protección de las fronteras.
Los ponentes de las distintas piezas legislativas explicaron este miércoles en rueda de prensa los principales elementos acordados.
El eurodiputado español Juan Fernando López Aguilar (PSOE), señaló que el hecho de que muchas de las normas previstas sean reglamentos facilitará su puesta en marcha al ser directamente aplicables.
El pacto migratorio y de asilo incluye nueve piezas legislativas, de entre las cuales cinco fueron negociadas intensamente hasta primera hora de la mañana de este miércoles:
Reglamento de gestión de asilo y migración
Es la pieza principal y debe sustituir al Reglamento de Dublín, que establece normas para determinar qué Estado miembro es responsable del examen de una solicitud de asilo.
Para equilibrar el sistema actual, por el que unos pocos Estados miembros de entrada son responsables de la gran mayoría de las solicitudes de asilo, incluye un nuevo mecanismo de solidaridad obligatoria, así como medidas para prevenir los abusos y los movimientos secundarios.
Para ayudar a esos países sujetos a una fuerte presión migratoria, los otros Estados miembros podrán elegir entre la reubicación de los solicitantes de asilo en su territorio o el pago de contribuciones financieras.
Reglamento sobre procedimiento de asilo
Establece un procedimiento común en toda la UE para conceder o retirar la protección internacional, sustituyendo diferentes procedimientos nacionales.
Contiene normas sobre el procedimiento en frontera que permite evaluar con rapidez en las fronteras exteriores si las solicitudes no tienen base o son inadmisibles.
El objetivo es hacer que los procedimientos de asilo, y el retorno en las fronteras sean más rápidos y eficaces.
Permitirá acelerar la tramitación de las solicitudes de asilo (hasta seis meses para una primera decisión) y prever plazos más cortos para las solicitudes manifiestamente infundadas o inadmisibles y en las fronteras de la UE.
Entre otras disposiciones, prevé la creación de centros de recepción en el país de primera entrada.
«Vamos a necesitar centros de acogida para poder atender a las zonas de espera. No van a estar necesariamente físicamente en la frontera», precisó en rueda de prensa la ponente de esa normativa, la eurodiputada francesa Fabienne Keller (Renew Europe).
Keller insistió en que esas instalaciones no serán «centros de detención, sino zonas de espera».
Reglamento sobre situaciones de crisis
Establece normas de procedimiento adecuadas, excepciones y la activación rápida de mecanismos de solidaridad para responder a situaciones de crisis, como la ocurrida en 2015 y 2016 cuando más de dos millones de personas llegaron a la UE.
Prevé un mecanismo de solidaridad y medidas para apoyar a los Estados miembros que se enfrentan a una afluencia excepcional de nacionales de terceros países que conduce a la saturación del régimen nacional de asilo.
Las normas también pretenden contrarrestar la instrumentalización de los migrantes, es decir, la situación en la que terceros países o actores no estatales hostiles utilizan a los inmigrantes para desestabilizar la UE, y prevén una posible derogación temporal de los procedimientos estándar de asilo.
López Aguilar, ponente de ese texto, precisó que las ONG que realicen tareas de búsqueda y salvamento quedarán excluidas del concepto de instrumentalización.
Reglamento de Eurodac reformado
Permitirá identificar con más eficacia a quienes lleguen al territorio de la UE, añadiendo imágenes faciales a las huellas digitales, y se incluirá a los niños a partir de los seis años.
Las autoridades podrán registrar a quienes representen una amenaza para la seguridad, o cuando la persona sea violenta o irregular.
Una base de datos común recopilará informaciones más precisas y completas para detectar movimientos no autorizados.
Reglamento de control
Pretende crear normas uniformes relativas a la identificación de nacionales de terceros países a su llegada, aumentando así la seguridad dentro del espacio Schengen.
Las personas que no cumplan los requisitos para entrar en la UE estarán sujetas a un procedimiento de control previo a la entrada, que incluirá identificación, recopilación de datos biométricos y controles de salud y seguridad, durante una duración máxima de siete días.
Se tendrán en cuenta las necesidades específicas de los niños y cada país dispondrá de un mecanismo de seguimiento independiente para garantizar el respeto de los derechos fundamentales.
El pacto también incluye el reglamento de la Agencia Europea de Asilo, así como normas para armonizar la protección y los derechos de quienes pidan asilo en los Estados miembros, nuevas reglas para mejorar las condiciones de recepción de solicitantes de protección internacional y un nuevo marco para la adopción de un plan de reasentamiento.
La idea de reformar la política migratoria europea comenzó a gestarse en 2016, cuando cerca de dos millones de inmigrantes irregulares y solicitantes de asilo llegaron a la UE huyendo de la guerra en Siria.
La reforma que propuso el Ejecutivo comunitario presidido por el luxemburgués Jean-Claude Juncker no obtuvo el apoyo necesario de los Estados miembros por las discrepancias sobre cómo aplicar el principio de solidaridad y compartir las responsabilidades en el ámbito del asilo de manera justa.
En septiembre de 2020, el Ejecutivo comunitario dirigido por Ursula von der Leyen intentó reactivar la reforma presentando un nuevo pacto sobre migración y asilo, que ofrecía un enfoque integral para reforzar e integrar políticas en materia de migración, asilo y gestión de fronteras.
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