El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó hoy su profunda inquietud por las acciones emprendidas por el régimen venezolano para obstaculizar la participación de miembros de la oposición en los cargos públicos, de cara a las elecciones del año entrante.
En su quinto informe periódico sobre Venezuela, el comité lamenta el hecho de que los opositores políticos «han sido previamente inhabilitados para competir en las elecciones presidenciales programadas para 2024».
Aunque el informe no menciona nombres específicos, se publica poco después de que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano suspendiera las elecciones primarias destinadas a designar un candidato de la oposición, donde María Corina Machado había resultado victoriosa.
Restricciones al espacio democrático señaladas por la ONU
El comité de las Naciones Unidas mencionó al Tribunal Supremo, así como al Consejo Electoral, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República como instituciones cuyas acciones u omisiones están limitando el espacio democrático.
Los miembros del comité también expresaron su preocupación por la eliminación del derecho al voto directo y secreto de las comunidades indígenas en Venezuela, además de las denuncias sobre supuestas interferencias deliberadas en las inscripciones en el registro electoral, que han afectado particularmente a jóvenes entre 18 y 35 años.
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El informe abarca diversos aspectos de los derechos humanos en Venezuela entre 2015 y 2023, destacando un declive en el número de protestas contra el Gobierno a partir de 2020, pero señala que estas continúan siendo reprimidas por grupos armados, conocidos como «colectivos», presuntamente financiados o tolerados por las autoridades.
El documento subraya que persisten «graves restricciones a la libertad de opinión y expresión» en Venezuela, incluyendo acoso, intimidación y detención arbitraria de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas críticos del Gobierno.
Este contexto se da en un ambiente en el que persisten serias dudas sobre la independencia del Poder Judicial debido a los supuestos vínculos de varios jueces y magistrados, incluso del Tribunal Supremo de Justicia, con partidos políticos.
El comité también expresó su preocupación por el «continuo uso de tortura y malos tratos» en centros de detención e investigación por parte de autoridades y grupos estatales no controlados, como una forma de represalia o castigo para silenciar y sofocar la oposición al Gobierno.
Siguen reportándose casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y uso indebido de la fuerza atribuidos a autoridades estatales, fuerzas militares, servicios de inteligencia civil y militar, así como a los mencionados «colectivos».
Las personas privadas de su libertad en el país sudamericano se encuentran en un sistema penitenciario con un alto grado de hacinamiento, y muchas de ellas dependen de sus familias para acceder a alimentos y atención médica durante su reclusión, según el informe.
El informe también hace referencia a abusos contra la población indígena y campesina en zonas mineras, como la cuenca del Orinoco, donde se han denunciado desplazamientos forzados, trata con fines sexuales y trabajo infantil.
El comité de la ONU señala además que la corrupción sigue siendo generalizada en diversos ámbitos de la vida pública venezolana, y denuncia la criminalización de activistas y funcionarios públicos que denuncian esta corrupción, a menudo acusados de manera infundada de «revelación de información confidencial».
EFE
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