Venezuela siempre ha sido percibido como el país donde los servicios públicos son «regalados». Sin embargo, es necesario abordar si esta hipótesis es real frente al principal indicador de la economía familiar: el salario.
Si sumamos solamente las tarifas actuales de agua, electricidad y telefonía es posible verificar que sólo estos pagos mensuales superan el sueldo mínimo, recordando que en las últimas semanas se han dado numerosas protestas exigiendo al Gobierno nacional incrementos salariales, ya que los aumentos son un factor generalizado no sólo limitados a las tarifas de los servicios públicos.
De acuerdo con facturas cedidas por los usuarios a La Prensa Táchira, en los últimos seis meses, los principales servicios de los tachirenses han registrado incrementos por encima del 130%.
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Asimismo, los usuarios sostienen que estos costos pueden variar en cada sector, los montos de la tabla adjunta pertenecen a una zona popular en los que las tarifas tienden a ser más bajas.
En el estado Táchira, por lo general, se manejan tarifas planas, ya que en pocas comunidades se cuentan con contadores en funcionamiento, por lo que los montos a cancelar se calculan estimando el consumo promedio del sector.
Ignoran montos
Muchos de los usuarios consultados por La Prensa Táchira efectivamente resaltaron que desconocen cuánto cancelan por este tipo de servicios, y aunque algunos estimaban que los aumentos rondaban el 40 por ciento, cuando en realidad están por encima del 100%. Además, resaltaron que aunque consideran justo que se haya ido adecuando las tarifas porque entendían que anteriormente eran muy bajas, debería mejorarse igualmente la prestación de los servicios.
Sin embargo, de 12 ciudades consultadas por el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos (OVSP) en diciembre de 2022, los usuarios de San Cristóbal son los que en mayor porcentaje afirmaron conocer sus tarifas de servicio eléctrico (40,4%) y agua (46,2%), y más del 55% había percibido aumentos en ambos servicios, así como en otros como el gas (53,8%), la telefonía móvil (80,3%) y el aseo urbano (30,5%).
Sin embargo, según el OVSP, San Cristóbal también está entre las ciudades con la peor percepción de los servicios públicos: 48,9% de los usuarios consultados consideraba que los incrementos en las tarifas no se veían reflejados en un mejor funcionamiento del servicio de electricidad; un 35,4% decía lo mismo del agua potable; 20,8% tenía una percepción negativa en cuanto al servicio de gas y más del 70% de los usuarios consideraban que la telefonía móvil había aumentado las tarifas de manera descontrolada y el servicio no era el más idóneo.
Sin pensión
Los usuarios consultados del sector pensionado que básicamente depende de este ingreso para su sustento y pago de medicamentos, aseguran que son unos de los más afectados por estos incrementos, junto a la inflación generalizada de los bienes y servicios, puesto que el pago integral de los servicios públicos le implicaría incluso dejar de comprar alimentos o una medicina que requieran.
Tal es el caso del señor Luis Luna, residente del municipio Guásimos, quien aseguró que a finales de enero acudió a la municipalidad para ponerse al día con el pago de impuestos y servicios públicos y solamente en el pago de las facturas pendientes del servicio de agua dejó todo el monto percibido de la pensión. Aseguró que afortunadamente sus hijos le ayudan económicamente, pero que sabe de muchos pensionados que no tienen cómo cubrir ni sus necesidades más básicas.
Los usuarios consultados por La Prensa Táchira que afirmaron cancelar puntualmente sus servicios estimaban aumentos de entre 30 y 40 por ciento cada mes, los cuales los consideraban claramente desproporcionados por los salarios tan reducidos, resaltando que los montos mensuales que deberían cancelar por electricidad, agua, telefonía fija y móvil e internet rondan entre los 15 y los 80 bolívares por servicio, por lo que un sueldo mínimo no alcanza ni para cubrir estos servicios básicos.
Esto, sin contar con el gas que no llega mensualmente y cobran tarifas en pesos colombianos, dependiendo del tamaño de la bombona —una de 18 kilos superaría los 80 bolívares—; el aseo urbano que regularmente se paga anual —del cual también denunciaron aumentos desproporcionados— y la televisión por cable, cuya tarifa está dolarizada, por lo que prácticamente ya se considera un lujo.
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