Antonio Escalona, presidente de la Unión Agrícola y Ganadera de los Andes (Unagandes), declaró que entre el 2021 y lo que va del 2022 el sector ganadero ha sufrido una afectación de un 10% del rebaño nacional, tasado en unos 10 millones de cabezas de ganado bovino por los delitos de abigeato y contrabando de extracción, situándose en aproximadamente un millón de animales que han sido arrebatados por la delincuencia a sus legítimos dueños, sacrificados o llevados al hermano país de Colombia ilegalmente.
Escalona, además indicó que se han registrado en este mismo período unas 500 acciones de invasión de fincas productivas, perjudicando unas 200 mil hectáreas, en su mayoría bajo acciones violentas y con compromiso de vidas humanas que han dejado fatídicos registros de más de 20 personas fallecidas.
Barinas, Portuguesa, Yaracuy, Táchira, Zulia y Apure son los estados más afectados. Unagandes, en representación de su presidente, indicó que existe una verdadera guerra contra el sector agroproductivo nacional y que en la mayoría de los casos no obtienen respuestas justas de los tribunales a quien le compete el caso.
Recientemente, durante la asamblea anual para renovar a la directiva 2022-2024 de Convecar se designó a Luis Pérez Stuve, como el nuevo presidente y a Luis Nevett, como vicepresidente. En dicha ceremonia, Convecar precisó que ven con optimismo los avances en la reforma a la Ley Penal de Protección a la Actividad Ganadera. Informaron que están seguros en poder aumentar significativamente la producción de carne y leche para todos los venezolanos.
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Tras convertirse oficialmente en el nuevo portavoz de la institución, Luis Pérez aclaró que “los 125 mil productores agropecuarios en todo el territorio se esfuerzan diariamente por llevar alimentos de calidad y garantizar los platos en las mesas de los venezolanos”.
Referente a lo que precisa Convecar en el marco de su asamblea anual y elección de su nueva Junta Directiva, Escalona aseguró que se unen al clamor de este órgano en la expectativa y necesidad de una reformulación sustancial de la Ley Penal de Protección de la Actividad Ganadera. “Los gremios y productores independientes deseamos que tal ley sea adaptada a la realidad actual del país como respuesta cónsona a los grandes problemas de inseguridad personal y patrimonial que venimos afrontando los que ejercemos la actividad ganadera nacional”, enfatizó.
“La reforma de la Ley de Protección de la Actividad Ganadera y su aplicación práctica es una necesidad apremiante para evitar el colapso de la producción de leche y carne para el consumo del venezolano. Se hace impostergable un reacondicionamiento de esta ley en cuanto a la calificación, severidad y firmeza ante la impunidad para el castigo y penalización de los delitos que hemos venido sufriendo constantemente”, añadió Escalona.
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