Más de 5 de cada mil personas son víctimas de esclavitud moderna en el mundo. Y 1 de cada 4 de estas víctimas son menores de 18 años de edad. ¿Cuál es la situación en América Latina y el Caribe?
El pasado octubre, las autoridades brasileñas liberaron a 16 ciudadanos paraguayos, obligados a trabajar en condiciones de esclavitud en una fábrica clandestina de cigarrillos, en Río Grande do Sul. Casi un año antes, en noviembre de 2020, también en Brasil, las autoridades rescataron de la casa de un profesor universitario a Madalena Gordiano, una mujer afrobrasileña sometida a condiciones de esclavitud por 38 años, desde sus 8 hasta sus 46 años de edad.
En septiembre de ese mismo año, más de 600 profesionales cubanos de la salud denunciaron las “condiciones de esclavitud” bajo las que su Gobierno los contrataría en el exterior, avalados por lapidarios informes de la ONU y Human Rights Watch (HRW).
En febrero de 2019, la Defensoría del Pueblo de Ecuador reveló un «grave caso de esclavitud moderna» que había afectado por décadas a más de 450 obreros de la empresa de capital japonés Furukawa Plantaciones C.A., y a sus familias, en su mayoría afroecuatorianos. Este abril, un juez constitucional sentenció a la abacalera a indemnizar a más de 100 exempleados y a ofrecer disculpas públicas, algo que también debe hacer el Estado. En octubre, la Fiscalía General levantó cargos contra un gerente y dos exgerentes de la empresa.
Más de 40 millones de personas en todo el mundo
«Erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas“ para 2030, así como “poner fin al trabajo infantil en todas sus formas» hasta 2025, son parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por todos los Estados miembros de la ONU en 2015, incluidos, por supuesto, los latinoamericanos.
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