Cargado con cientos de empresas estatales fallidas en una economía que se precipita por un precipicio, el gobierno venezolano está abandonando la doctrina socialista al ceder empresas clave a inversionistas privados, ofreciendo ganancias a cambio de una parte de los ingresos o productos.
Decenas de plantas químicas, procesadoras de café, silos de granos y hoteles confiscados en las últimas dos décadas han sido transferidos -pero no vendidos- a operadores privados en las llamadas alianzas estratégicas, dijeron nueve personas con conocimiento del asunto. Los gerentes cubren la nómina y las inversiones y entregan productos y un porcentaje de sus ingresos al gobierno.
“Creemos que esto es positivo porque es la sincronización del sector público con el sector privado”, dijo Ramón Lobo, legislador del gobernante partido socialista y exministro de Hacienda. “El estado actúa como supervisor y recibe una compensación”.
El cambio se manifiesta en la agricultura, parte del esfuerzo del presidente Nicolás Maduro por alimentar a una población hambrienta después de siete años de colapso económico y social. No está claro cuánto dinero aporta la nueva política, que sigue a la aprobación el año pasado de una ley “anti-bloqueo” que busca reducir el impacto de las sanciones de Estados Unidos y alentar la inversión. El gobierno ahora permite que fluyan las remesas en dólares y que la empresa privada florezca en pequeños bolsillos.
Maduro tomó el poder hace ocho años después de la muerte de Hugo Chávez, quien lanzó la revolución socialista al confiscar más de 1,000 empresas y numerosas fincas y propiedades, incluidos activos de multinacionales como Kimberly-Clark, Cemex y Kellogg’s. Las nuevas empresas estatales fracasaron estrepitosamente debido a la mala gestión. Usando sus enormes ingresos petroleros, el gobierno reemplazó los productos caseros y de cosecha propia con importaciones.
Pero la petrolera estatal de Venezuela, Pdvsa, fue puesta en manos de compinches y también se hinchó, convirtiéndose de hecho en un brazo del partido. Fue lanzado al suelo y obligado a cortar su salida. Entre eso y las recientes sanciones estadounidenses, que aumentaron significativamente durante la administración Trump, una sociedad que alguna vez estuvo entre las más ricas del mundo se ha desmoronado.
Más de 5 millones de venezolanos se han ido en un intento desesperado por evitar la ruina.
“El gobierno de Maduro dio un giro en U a fines de 2019 al promover un capitalismo salvaje”, dijo Rodrigo Agudo, director de la Red de Alimentos de Venezuela. “Dejó de recaudar impuestos sobre ciertos negocios, otorgó licencias de importación y convenció a los oficiales militares y otros para que invirtieran dinero de origen desconocido en negocios locales”.
Las alianzas estratégicas comenzaron a formarse silenciosamente en 2017. La publicación el año pasado de la ley anti-bloqueo dio a los acuerdos una base legal, eludiendo regulaciones como los procesos de licitación.
Pero la naturaleza precisa de los nuevos acuerdos, ya sean arrendamientos, licencias o servidumbres, no está clara. La ley prohíbe la divulgación de dicha información teóricamente para proteger a las empresas de las sanciones de Estados Unidos, que están dirigidas a entidades que hacen negocios con el gobierno pero evitan a las empresas privadas.
Los ministerios de agricultura e información no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Los nuevos arreglos están afectando a grandes empresas y en su mayoría involucran a empresarios vinculados al gobierno, pero no exclusivamente. En algunos casos, las propiedades incautadas se remontan a aquellos a quienes se las arrebataron. En otros, los propietarios se niegan a participar.
En la industria petrolera se han establecido condiciones de asociación similares. PDVSA otorgó a las firmas locales un mayor control sobre los activos estatales, como campos petroleros y plantas de compresión de gas, para operar y aumentar la producción. Y en algunos casos, PDVSA otorgó a los socios más capital en sus empresas conjuntas.
Lobo, el legislador socialista, dijo que los acuerdos tienen límites de tiempo, por lo general de cinco a diez años, y funcionan como una concesión. La empresa privada se compromete a invertir, aumentar la producción en un plazo y gestionar el activo.
La mayoría de los nuevos arreglos se encuentran en zonas rurales del país.
Agropatria, una empresa de suministro agrícola del tamaño de un monopolio nacionalizada en 2010 que dirigía cinco empresas, ahora está recurriendo a la gestión privada. Más de la mitad de sus 70 tiendas y dos de sus plantas de pesticidas, incautadas “para liberar a los productores de la extorsión y los intermediarios”, según el entonces presidente Chávez, ahora están a cargo de Agrollano 2910, una empresa agrícola local que invierte casi $ 150 millones en reabastecimiento, según cuatro de las personas.
Lácteos Los Andes, un gran procesador de leche y fabricante de bebidas comprado por el gobierno en 2008, ahora es administrado por una empresa privada venezolana, aunque no se han realizado cambios oficiales en la junta.
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Dos plantas de procesamiento de granos del gobierno, en su mayoría inactivas desde su inauguración en 2007, han sido transferidas pero no vendidas a empresas privadas locales. También lo son las plantas de leche y café construidas durante el boom petrolero de Venezuela y bajo acuerdos bilaterales con aliados regionales como Cuba, Bolivia, Brasil y Argentina.
Las condiciones de las empresas varían. La principal contribución es un porcentaje de las ganancias o la producción al estado. En algunos casos, el gobierno y los gerentes de las empresas conjuntas están discutiendo una escala salarial mensual estandarizada de $ 60 a $ 80 para trabajadores y técnicos, agregaron algunas de las personas.
No todas las empresas seleccionadas por el gobierno para asociarse están generando interés. Los empresarios locales desconfían de los años de mal mantenimiento bajo la supervisión estatal y temen las nuevas nacionalizaciones.
Maduro, que ha recortado las asignaciones para algunos gobiernos estatales y locales en la crisis, les ha dado margen para asociarse con empresas locales para producir ingresos. En diciembre, el gobernador del estado agropecuario de Portuguesa, Rafael Calles, dijo a medios públicos que las alianzas con el sector privado en la administración de 24 empresas estatales recaudaron $ 60.000 dólares mensuales para su oficina.
El gobierno nunca ha hecho público la cantidad de propiedades que ha incautado a lo largo de los años. Pero un estudio de la cámara industrial nacional Conindustria indicó que entre 2002 y 2015 se expropiaron un total de 1.322 granjas ganaderas, tiendas de alimentos, empresas eléctricas, molinos, vidrieros, bancos, supermercados y cámaras frigoríficas.
Muchos dejaron de existir y solo quedan unos 700. La mayoría de sus antiguos propietarios todavía esperan una compensación o están involucrados en un litigio con la esperanza de ser compensados, según un estudio de Transparencia Internacional de 2019.
Algunos analistas señalan que lo que está sucediendo en Venezuela tiene precedentes en otros estados autoritarios de izquierda.
“Este proceso es similar al proceso de privatización en Rusia en que los activos se transfieren a empresas privadas locales ya inversores de países aliados al gobierno”, dijo Asdrúbal Oliveros, jefe de la consultora económica Ecoanalitica, hablando de los años noventa. “Pero a diferencia de Rusia, no ha habido un programa de estabilización profundo con la ayuda de organizaciones multilaterales. Estar aislado y bajo sanciones lo convierte en una situación diferente ”.
Por Fabiola Zerpa y Nicolle Yapur / bloomberg.com
Traducción libre del inglés por lapatilla.com
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