En España, la Ley Rider busca regularizar la situación laboral de los repartidores a domicilio de plataformas digitales, pero ¿Ello supondría una amenaza o una mejora para estos trabajadores?
Esta propuesta legal, presentada por la ministra Yolanda Díaz ha despertado una ola de polémica por sus implicaciones a nivel laboral.
Un estudio del sindicato UGT denuncia que las plataformas digitales que trabajan en Cataluña y que emplean a riders como «falsos autónomos» se ahorran 25,8 millones de euros al año en salarios y otros 13,7 millones de euros anuales en cotizaciones a la Seguridad Social aprovechándose de la figura contractual del falso autónomo.
La cantidad ahorrada asciende a 39,5 millones de euros y la asumen los propios empleados con un sueldo medio para los 3.042 que operan en Cataluña, la mayoría en Barcelona, de 10.800 euros anuales. Son el 20% de los 14.000 que trabajan en España según la patronal Adigital.
Ante este panorama, el MInisterio de Trabajo se mantiene en la elaboración de un nuevo marco legislativo que englobe la actividad de los repartidores a domicilio, para obligar a las empresas a contratar a sus trabajadores y acabar así con la figura del «falso autónomo».
El otro lado de la moneda
«Queremos que la Ley Rider no destruya al sector instaurando contratos basura», señaló que la la Asociación de Riders Autónomos.
En año y medio, esta asociación creada por un grupo de repartidores de Stuart en Barcelona, ya suma 891 socios en la mayoría de ciudades rider de España y se originaron «por la necesidad de negociar nuestras condiciones con las plataformas y de seguir siendo autónomos».
Ante esto, el presidente de Riders Autónomos, Jordi Mateo, asegura que «ellos quieren que seamos asalariados. Y nosotros queremos seguir siendo autónomos, pero no con el modelo actual. Queremos fijarnos en países vecinos como Francia e Italia, que han conseguido dar mayor protección con unas condiciones pactadas como derecho al paro, derecho a prestación por enfermedad, capacidad de negociar nuestras tarifas o negociación colectiva. Una serie de ventajas que a día de hoy no tenemos».
Asimismo, señala que el problema de la nueva ley es que «destruiría al sector al instaurar contratos basura y precarios de 350 a 500 euros al mes con vehículo propio, y de 15 a 20 horas semanales en su mayoría. Siendo repartidor autónomo, al no tener exclusividad con ninguna plataforma, colaboramos con más de una y ganamos entre 10 y 15 euros dependiendo de la hora».
Otra de las cosas que más valoran con el modelo autónomo estos riders es, además de un mejor sueldo, la flexibilidad y libertad que les da tener, en muchos casos, negocios propios que luego complementan en ingresos colaborando con las plataformas. «La mayoría queremos seguir con lo que estamos consiguiendo ganar a día de hoy, y que es mejorable, pero con una buena regulación y siendo autónomos».
Temen que, con la nueva ley, de la que se quejan de haber sido excluidos de su negociación entre el Gobierno y los agentes sociales: «Las empresas vean que su modelo no es rentable en nuestro país y se vayan. El 75% de los repartidores nos iríamos a la calle y el otro 25% trabajaría pero con un contrato a media jornada vía ETT, y sin ningún tipo de estabilidad a medio plazo. Esto nos preocupa mucho».
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