Cada día se estrecha más el cerco que el chavismo viene tendiendo a la sociedad civil organizada, representada en distintas Organizaciones No Gubernamentales que cumplen labores de carácter social y de apoyo a los sectores más vulnerables del país, asegura Acceso a la Justicia, según reseña El Impulso.
Así que, tras ordenar a las organizaciones internacionales que operan en el país a inscribirse en el Registro Especial Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales No Domiciliadas para continuar laborando, el régimen de Nicolás Maduro ha ordenado a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) que vigile las transacciones financieras de todas las agrupaciones.
Sin ninguna demora, la Sudeban, en su circular número SIB-DSB-CJ-OD-06524 del 20 de noviembre de 2020, ordenó a los bancos y demás instituciones financieras del país a implementar «medidas que fortalezcan los procedimientos, mecanismos y sistemas tecnológicos que permitan monitorear las operaciones de negocios o financieras llevadas a cabo por parte de las ONG», reveló la propia instancia en una nota de prensa publicada cuatro días después.
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El organismo supervisor exigió a las entidades bancarias a realizar la evaluación y seguimiento de la información financiera relacionada con las organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, para de ese modo «detectar operaciones inusuales o actividades sospechosas de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva».
La Sudeban sustentó la instrucción en lo establecido en los numerales 14 y 26 del artículo 171 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario. Dichas disposiciones facultan al organismo regulador para dictar normas «prudenciales» que regulen el ejercicio de las operaciones bancarias, además de solicitar a las autoridades competentes acordar medidas preventivas de inmovilización de cualquier tipo de cuenta o transacción financiera, entre otras acciones.
Un nuevo ataque
Para Acceso a la Justicia, esta decisión no es una simple directriz o instrucción que busca evitar que el sistema financiero sea utilizado para actividades ilícitas, sino que se trata de una acción que se encuadra en el plan sistemático de asfixia y hostigamiento diseñado contra las ONG, que atenta contra su funcionamiento y pone en entredicho el ejercicio de los derechos constitucionales a la asociación y la participación ciudadana en los asuntos públicos.
De hecho, se trata de una nueva amenaza para restringir la labor de las agrupaciones sin fines de lucro que trabajan en el país, derivada del arbitrario y férreo control impuesto desde Miraflores.
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