El presidente Nicolás Maduro manifestó este viernes su preocupación por el aumento del numero de casos de Covid-19 en Caracas y planteó la necesidad de tomar medidas de protección para el pueblo.
«Caracas está cundida de coronavirus. Tenemos que tomar decisiones nuevas, renovadas, para que nuestro pueblo sienta el cuidado, la protección, para que nuestro pueblo se cuide y cortar esto en Caracas», expresó.
Horas después, un tuit de Venezolana de Televisión anunció la puesta en marcha de un plan que a todas luces infringe los derechos humanos: la búsqueda de venezolanos que podrían estar en las pensiones ubicadas en la parroquia San Juan de Caracas, y a los que se les acusaría de haber ingresado ilegalmente a Venezuela y poner en riesgo a la población.
«Un total de 50 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) se encuentran desplegados para verificar en las pensiones ubicadas en la parroquia San Juan de Caracas, si existe la presencia de venezolanos que hayan ingresado ilegalmente al país, con el fin de evitar la propagación de la COVID-19», dice la nota que acompaña al tuit.
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“Es importante que nosotros recibamos aquellas denuncias de personas que pudieran estar en estas condiciones y que ponen en peligro a los otros venezolanos que se encuentran cumpliendo la cuarentena”, señaló el subdirector del CICPC, Jhonny Salazar, de acuerdo a la página del medio de comunicación.
Según VTV, existe un registro de todas las personas que viven en las pensiones del Distrito Capital, algo que resulta poco creíble, «a los fines de detectar a las personas que no viven en estos espacios o que haya llegado recientemente».
Por si fuera poco, en la nota se «instó a la ciudadanía a reportar a cualquier ciudadano que haya llegado recientemente a una comunidad sin pasar por los controles epidemiológicos destinados para evitar la propagación del coronavirus».
Muchas preguntan saltan ante esta situación: ¿cómo sabe una persona si su vecino pasó o no por un control? ¿Qué pasa si simplemente alguien decide denunciar a otra por viejas rencillas o por la actual paranoia del contagio? Y la más obvia: ¿Quién vigila que los funcionarios no se aprovechen de esa situación?
Este mismo 7 de julio, en la página web del canal del Estado, se dejó en evidencia que el gobierno sigue usando a los venezolanos que intentan regresar al país como chivos expiatorios de los casos que suceden en el país, estigmatizándolos.
Así, mostraron a un supuesto grupo de venezolanos que habían ingresado presuntamente de manera ilegal y que habían sido detenidos «preventivamente».
Este 7 de agosto se supo que Distrito Capital, con 344 nuevos casos, lidera los contagios por Estado en Venezuela.
Con información La Patilla
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