Cuando el amor se va así de esta manera, uno debe darse cuenta

Hay comportamientos y casos en clínicas privadas condenables desde todo punto de vista, especialmente respecto a la ética, el deber ser, que mueven a la molestia del público y a la necesaria intervención de las autoridades.

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El indigno drama de la atención en salud después que se consumen los recursos del paciente Cuando el amor se va así de esta manera, uno debe darse cuenta Hay comportamientos y casos en clínicas privadas condenables desde todo punto de vista, especialmente respecto a la ética, el deber ser, que mueven a la molestia del público y a la necesaria intervención de las autoridades.

Las personas que han suministrado datos y demostraron la veracidad de los hechos relacionados con esta denuncia solicitaron reservar sus nombres para protegerse, pues temen a las reacciones.

“La amenaza de muerte por enfermedad y también por accidente de un paciente, siempre debe estar acompañada de los mejores esfuerzos por salvar su vida, por el deber ser, y no por ver en esa persona un negocio, la oportunidad de malganarse una fortuna, y luego de que se le acaba la plata desentenderse y pedir que se lo lleven”.

Un indignante caso e historia en Altamira

Un venezolano, de 64 años de edad, proveniente de Guarenas-Guatire, al sentir síntomas preocupantes y contar con el  respaldo de una póliza de seguro con cobertura de unos 25 mil dólares, acudió a una clínica grande ubicada en la urbanización Altamira.

Entró por emergencia y la sospecha de COVID-19 no solo se confirmó poco tiempo después, sino que fueron apareciendo complicaciones que llevaron a los médicos a ordenar su hospitalización y posteriormente por insuficiencia respiratoria a ser instalado en la sala de cuidados intensivos.

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En aproximadamente una semana, o sea, unos siete días en total, la cobertura de la póliza fue consumida, se esfumó. Y lo más grave, sin haberse estabilizado o recuperado, la clínica privada con nombre de montaña dijo a los familiares de este abuelo que buscaran a donde llevárselo porque allí no podría permanecer más.

Para colmo “el centro de salud” no ofreció en colaboración ni la ambulancia para el inminente traslado al que obligaban, y ante la insistencia de la familia del enfermo en estado delicado (diagnosticado de COVID-19, con bronconeumonía y en coma), se limitaron a informar que podían cuadrar ese “servicio” por el módico precio de 1.000 (un mil) dólares.

En medio de la angustia y desesperación, el Estado se hizo presente y respondió. “No fue fácil” pero se logró, gracias a la intervención de servidores públicos con buena y férrea voluntad, que a este venezolano que dedicó su vida al  trabajo honesto y a hacer familia, se le ratifique el derecho, reciba la atención que merece y tenga la oportunidad de sobrevivir. Un caso que puede repetirse o estarse repitiendo y que representa asimismo un alerta para el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

Inhumano y poco ético

La actual pandemia en todo el mundo y la situación local que vivimos en Venezuela, es complicada, tiene que sensibilizar y corregir malas prácticas. El Papa Francisco, sirviendo de ejemplo, ha mostrado su interés por los enfermos de COVID-19, ha brindado apoyo, ha reconocido los esfuerzos del personal sanitario, pero ha reclamado firmemente que todos llevemos adelante una conducta más humana.

Igualmente la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y sus agencias e instituciones vienen alertando que vivimos tiempos de pandemia, y que es inaceptable en medio de esto, en vez de estar sumando esfuerzos para encontrar efectivas soluciones, pretender y continuar con el enriquecimiento ilícito y la corrupción, tanto pública como privada.  

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Sobre este indignante caso e historia en Altamira, sabremos y contaremos más. Por ahora lo urgente y prioritario es la recuperación del abuelo, quien está recibiendo adecuada atención en un hospital público en el oeste de Caracas, a cargo de generosos profesionales de la salud. Se mantiene la fe en que los exámenes aún no enteramente satisfactorios mejoren y supere su delicado estado de salud.

Parodiando la famosa letra del Tío Simón y dando cuenta de que el afecto, aprecio y compromiso con las personas tiene que predominar al lucro, cabe señalar que, cuando el amor se va así de esta manera, uno debe darse cuenta.

Ojalá, lo sucedido, que afecta a venezolanos de la clase media, que también son protegidos por la Constitución nacional y la Carta Universal de los Derechos Humanos, no se siga repitiendo y se convierta en regla.

¿Y el Sundde qué dice, en verdad hay inspección y supervisión?

Ya en 2019 laSuperintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundde) había sancionado más de 80 clínicas privadas por especular y cobrar servicios en divisas, ahora en medio de la emergencia nacional por el coronavirus, la Sundee ha informado que sus funcionarios se mantienen activos, pero su foco de atención ha estado puesto más en los comercios de productos comestibles y farmacias, mientras algunos centros privados de salud especulan y en ciertos casos abusan de los pacientes y de las mismas empresas aseguradoras.

La respuesta es sí, hay inspección y supervisión de Sundde, pero existen momentos en que los funcionarios no se dan abasto y este parece ser uno de esos.

Las aseguradoras se han mostrado colaboradoras y responsables

La Cámara de Aseguradores de Venezuela (Caveseg) confirmó que las personas que cuentan con pólizas de salud y hospitalización tendrán cubiertos los gastos médicos asociados al COVID-19, hasta el monto contratado por cada asegurado.

Así aclaró y ratificó su posición el gremio de las compañías de seguro sobre las pólizas de salud, tras una reunión en la tarde del sábado 14 de marzo con los representantes de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg).

Esto llevó tranquilidad a las personas que tienen medios económicos para adquirir y mantener una póliza, pero también puede haber representado la oportunidad de administradores inescrupulosos en clínicas privadas de “raspar el fondo de la olla”  dejando sin nada los montos previstos o asignados a cada asegurado, sin poner de primero su interés en el bienestar y recuperación del mismo.

La Alcaldía de Caracas impulsó un acuerdo por escrito

«Es el momento de que la solidaridad y la humanidad prevalezcan, por eso hicimos un convenio con clínicas privadas para ampliar la capacidad de atención a pacientes con complicaciones por el COVID-19. ¡La lucha es por la vida de los caraqueños y caraqueñas!», indicó la alcaldesa Erika Farías a la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

La representante de una de las clínicas, indicó que este acuerdo permite la atención de pacientes que se encuentren en estado crítico. «Es un convenio de colaboración de camas y cupos disponibles para pacientes con complicaciones producto del COVID-19 y en función de ampliar la capacidad de atención que existe en Caracas», explicó.

Molestia y reflexión

Indica el sentido común, la ética, la responsabilidad humana y así lo dictan las leyes de la República con toda precisión, que la vida se defiende, se promueve, se protege y se respeta. En Venezuela no está contemplada la pena de muerte ni para los peores criminales. Por lo tanto de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) sale un paciente estabilizado o fallecido, nunca en estado de coma “porque se consumió la cobertura de la póliza de seguro y a su familia se le acabó el dinero”.

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