El empresario Raimundo Santamarta ha iniciado un arbitraje contra el Estado venezolano tras una serie de medidas discriminatorias que obstaculizaron el negocio farmacéutico de SM Pharma y por el que reclama una indemnización no menor de 200 millones de dólares, según ha informado el bufete de abogados B.Cremades & Asociados.
Una de las medidas discriminatorias que denuncia el inversor se encuentran la toma del control operativo de la compañía y la posterior confiscación ilegal de los bienes de las sociedades del grupo, entre ellas la de los bienes de la planta de producción situada en Maracaibo.
Asimismo, Raimundo Santamarta trató de llegar en 2019a un acuerdo amistoso mediante el arbitraje internacional con la República Bolivariana de Venezuela que no fue posible.
Con información de 2001.
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