Simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro en su recorrido por los urbanismos y barrios del país han recogido firmas para enviarlas a las sede de las Naciones Unidas en rechazo a la congelación de activos venezolanos en suelo norteamericano.
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En algunas comunidades se ha denuncian que los chavistas amenazan con retirar la entrega de alimentos de primera necesidad, es decir, las cajas Clap a sus sectores de no firmar contra las decisiones de la administración Trump.
A pesar de que Venezuela contempla una serie de leyes que amparan el derecho a la alimentación, bajo gestión socialista esto poco o nada importa. La nación es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde el año 1978, que en su artículo 11.2 reconoce el derecho de toda persona de estar protegida contra el hambre.
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