Maduro emplea tasas aeroportuarias para burlar las sanciones de EE.UU.

Ante las sanciones y una drástica situación de la industria petrolera, el líder del chavismo ha buscado otras alternativas para financiarse

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Por Víctor de Abreu

Este año Estados Unidos arrancó con fuerza el proceso para desalojar definitivamente a Nicolás Maduro de la presidencia. Ninguna de las sanciones aplicadas de manera individual contra funcionarios del régimen había causado tanto daño económico al chavismo como la sanción contra la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que entró en vigor el pasado 29 de enero. Esta sentencia bloqueó todas las propiedades y activos de Pdvsa bajo jurisdicción estadounidense y prohibió las transacciones de individuos estadounidenses con la compañía. La medida busca asfixiar directamente la billetera de Maduro con la que sortea la crisis política y económica del país.

A pesar de su público y notorio declive -de producir 3.000.000 de barriles al día a apenas 741.000-, Pdvsa es la única empresa nacional que aún genera dólares al Gobierno de Venezuela y le permite continuar con las misiones sociales y el reparto de las cajas de alimentos (CLAP) al pueblo. Pero EE.UU. sabe que Maduro intenta eludir las sanciones a través del uso de la criptomoneda venezolana «Petro». Así lo afirmó el secretario del Tesoro, Steven Mnunchin, cuando prohibió en marzo «cualquier transacción económica vinculada al sistema financiero estadounidense con cualquier moneda digital que haya sido emitido por el Gobierno de Venezuela a partir del año 2018».

La App, Jetman Pay

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El Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) fue la primera herramienta víctima del plan de Maduro para obtener divisas y burlar las sanciones impuestas por EE.UU. En febrero de 2018 se implementó un sistema automatizado para la recaudación de impuestos con la tapadera de «facilitar a las aerolíneas el acceso y pago de servicios operacionales».

Según el contrato de representación al que tuvo acceso ABC, suscrito y efectivo desde el 1 de noviembre de 2017, la compañía estadounidense BCDA Aeronautical Solutions LLC constituida en el estado de Florida, bajo el # L16000037346 y domiciliada en el 12677 NW 14th Sunrise FL 33321, autoriza a su representante venezolana Barracuda Soluciones Aeronáuticas C.A., domiciliada en Caracas e inscrita en el registro mercantil el 16 de octubre del año 2014, a operar como distribuidor autorizado y exclusivo para el manejo de aerolíneas, aviones privados y de carga dentro del territorio venezolano. La compañía matriz (de Florida) y su filial venezolana pertenecen a la misma familia. La primera a Elena Romero de Lovera, esposa de Ángel Alberto Lovera Romero, un piloto de aviones venezolano, dueño de la segunda.

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Poco se sabe de Ángel Lovera y sus vínculos con el régimen de Maduro. Su perfil en Linkedin muestra que es un piloto comercial y privado graduado en la Escuela de Aviación Militar de Venezuela en el año 2006 y es el fundador de la aplicación digital Jetman Pay, que permite hacer pagos de servicios relacionados con la aviación. Además, es el vicepresidente de BCDA Aeronautical Solutions.

Lovera diseñó Jetman Pay para recibir los pagos de impuestos aeronáuticos y turísticos de todas las aerolíneas y aviones privados y de carga que operan en el aeropuerto de Maiquetía. En la nota de prensa oficial dice que este sistema «permitirá al IAIM facturar al instante los derechos operacionales por servicios aeroportuarios generados por las aeronaves nacionales e internacionales y girar el pago en bolívares y moneda extranjera».

Según fuentes del aeropuerto consultada por ABC, las bitcoins las transfieren a casas de cambio internacionales ubicadas en Hong Kong, Rusia, China y Hungría y, posteriormente, ellas transfieren los dólares a cuentas del Gobierno venezolano en estos países
Ante el bloqueo de EE.UU. de las cuentas del chavismo en ese país, los impuestos aeronáuticos provenientes de las aerolíneas internacionales que continúan viajando a Caracas se están recogiend…
[8:12, 22/7/2019] Rafael Arias Nuevo: La ONG Cáritas Venezuela informó que la desnutrición infantil aguda severa aumentó 100% en 14 estados del país, en niños menores de cinco años. Además, recordó que en el primer semestre de 2019, al menos han fallecido 16 niños en el hospital J.M. de los Ríos.

Por su parte, según la Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi 2018), “la cobertura educativa para la población de 3 a 24 años de edad pasó de 78%, en 2017, a 70% en 2018”.

Con información de ABC

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