España crea más obstáculos para los venezolanos que desean solicitar asilo

La fecha que realmente marcó la pauta para endurecer el trámite de concesión de la tarjeta roja fue el pasado 3 de septiembre.

0
2448
Cortesía

La gestión en España de las cada vez más numerosas solicitudes de asilo político, especialmente de ciudadanos venezolanos, que por tercer año consecutivo figuran como la primera nacionalidad en cuanto a peticiones de protección internacional se han convertido en un problema para el gobierno de Pedro Sánchez. En 2016, se registraron 4.196 de esas instancias; en 2017 se elevaron a 10.325 y -según datos de la base estadística europea Eurostat- hasta agosto incluido de 2018 hay que añadir 12.845 más, reseñó Venezuela Al Día.

De interés: FMI pronostica una inflación de 10.000.000 % para 2019

Los procedimientos administrativos no avanzan y prueba de ello es que para esa misma fecha constan 25.340 expedientes a la espera de resolver, de acuerdo con la información facilitada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), y la cifra cobra mayor gravedad cuando se sabe que en los seis primeros meses del año solo se han concedido tres reconocimientos como refugiados a ciudadanos venezolanos. Una política de acogida a cuentagotas que depara un futuro desolador para esa población.

Obstáculos

Con el cambio de Gobierno llegaron también los cambios en las instituciones del Estado. Ya a principio de junio, las autoridades cancelaron el número 060 para hacer las citas por vía telefónica y lo exigen de forma presencial, así como también la medida obligatoria de retirar el pasaporte al solicitante que dejó de ser un requisito porque «no daban abasto con la cantidad de documentos». Máchelin Diáz, abogada especializada en asilo político dijo a ABC que es «alarmante e irresponsable que el Gobierno español no retire el pasaporte porque las personas no son conscientes del peligro que corren saliendo del país porque aún no han asimilado su situación».

Pero la fecha que realmente marcó la pauta para endurecer el trámite de concesión de la tarjeta roja fue el pasado 3 de septiembre.

Los funcionarios dejaron de escribir las declaraciones y piden que hagas un escrito para incorporarlo al expediente. «Hubo una señora, madre de dos activistas políticos venezolanos, que la mandaron a callar para decirle que si seguía hablando de sus hijos no iban a tomar su testimonio, que tenía que contar los hechos que le pasaron a ella personalmente», explicó Díaz.

Más información: ATENCIÓN/ Renunció Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la ONU