EDUCACIÓN EN EMERGENCIA/ Deserción e hiperinflación en el inicio del nuevo año escolar

Según la encuesta Encovi 2017, el acceso a la educación disminuyó a 71%. Más de 1 millón de niños y adolescentes de entre 3 y 17 años, estaba desescolarizada. 63% de los cupos asignados por la Opsu a la USB no fueron inscritos

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La crisis venezolana que incluye el proceso de hiperinflación con altos costos de los alimentos, uniformes y pasajes, las fallas de los servicios públicos (luz, agua, transporte), las renuncias de profesores, la diáspora y la deserción escolar, son problemas no reconocidos oficialmente, pero que muestran su peor cara para el inicio del nuevo año escolar y se confabulan contra el aprendizaje.

Las escuelas no escapan a la crisis humanitaria del país, advierten sociólogos y educadores, por lo que es necesario que se actúe en consecuencia. Aseguran que la educación se encuentra en emergencia y el maestro necesita estar entrenado para afrontar lo que ocurre.

Los docentes tienen que lidiar con situaciones para las que no han sido formados, como recibir en clases a niños que no han comido durante horas, no cuentan con ropa y calzado adecuados, o lo necesario para el aseo personal y de la ropa,  tienen duelo porque han perdido familiares por la violencia o porque se han quedado sin sus padres que han emigrado. Todas esas situaciones están afectando lo que ocurre en el aula, sostienen.

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Deserción escolar no reconocida

Las cifras más recientes de deserción escolar dan cuenta de la crisis socio-económica que se vive en Venezuela. Una de las grandes interrogantes que debe responderse sobre la situación de la educación venezolana es la relacionada con las cifras de deserción. La Encuesta Nacional Condiciones de Vida (Encovi) 2017, alertó que el acceso a la educación para la población de entre 3 y 24 años de edad había disminuido de 78% a 71%. Entre los niños y adolescentes de entre 3 y 17 años, poco más de 1 millón estaba desescolarizada.

El ministro de Educación para entonces, Elías Jaua, afirmó hace unos tres meses que no conocía un “reporte masivo de deserción de escolares y de maestros”. Sin embargo, en vísperas de emprender un nuevo estudio Encovi, es probable que se profundice la desescolarización, señaló la investigadora de la UCAB Anitza Freitez.

“El costo de mantener a los niños, adolescentes y jóvenes del sistema educativo en este entorno de precariedad se hace elevado”, advierte.

El informe sobre derechos humanos en Venezuela que acaba de presentar la ONG Provea denuncia la falta de información que impide conocer el estado del sistema educativo, pues por segundo año dejó de publicarse la Memoria y Cuenta del ministerio que se ocupa del sector. Sin embargo, otras informaciones que se difunden por vías oficiales, pese a las inconsistencias, pueden dar una idea de lo que  ocurre.

“El Ejecutivo nacional continuó emitiendo cifras generales sobre la cantidad total de estudiantes en los niveles inicial, primaria y educación media. De esas cifras se puede constatar una baja importante de la matrícula, sin que el gobierno explique las razones. En enero de 2017 el Ministerio de Educación indicó que la totalidad de estudiantes en esos 3 niveles era de 7.446.515. En agosto Jaua ofreció la cifra de 7.195.335 estudiantes. Es decir, en el lapso de 7 meses, según cifras oficiales, la matrícula se redujo en 251.180 estudiantes a un ritmo de 35.000 cada mes”.

En la medición de la Encovi puede advertirse que 15% de la población escolar de entre 12 y 17 años, un total de 475.000 adolescentes, presentaba rezago; es decir, no estaba en el curso que le correspondía por su edad. Se trata de una población, advierte Freitez, “que presenta un grave riesgo de abandonar el sistema en condiciones adversas si no hay políticas para retenerla”.

El nuevo ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, aseguró que un total de 7 millones 644.869 estudiantes se incorporarán a las aulas tanto públicas como privadas, a partir de este lunes 17 de septiembre para dar inicio al año escolar 2018-2019.

Ni a la USB acuden a inscribirse

La Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) asignó este 2018, 2 mil 288 bachilleres para estudiar en la Universidad Simón Bolívar (USB), pero 63% no acudió a formalizar su inscripción, según informó el rector de la casa de estudios, Enrique Planchart.

La máxima autoridad de la USB precisó, en el programa La Doble Vuelta por Onda La Superestación, que del total de asignados por la Opsu el pasado 7 de septiembre solo 840 se registraron. Consideró que lo sucedido refleja que existen deficiencias en el sistema que implementa el Estado para masificar el ingreso a las universidades públicas.

Planchart indicó que de los estudiantes que ingresaron por la Opsu a la cohorte 2016-2017 de la USB no quedan actualmente “ni la mitad”.

Dijo  que en ese entonces hubo quienes tampoco se inscribieron y otros se retiraron a los pocos meses porque no tenían la preparación académica, luego de graduarse de bachillerato sin ver materias como física, química y matemática.

Una farsa más

Durante la entrevista, Planchart refutó las declaraciones del presidente Nicolás Maduro el pasado mes de abril sobre que Venezuela es el segundo país de América Latina con mayor matrícula universitaria con 2 mil 850 estudiantes.

“Es una farsa… hay una gran cantidad de institutos y programas que ha creado el Gobierno y no pueden ser llamados universidades”, dijo y aseguró que, un ejemplo, es el caso de los médicos comunitarios venezolanos que han llegado a países como Chile y no se les reconocen sus títulos.

El secretario de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Amalio Belmonte, dijo a Efecto Cocuyo que la Opsu aún no les ha enviado la información sobre los cupos que asignaron a escasos días de iniciar el proceso de inscripciones: “Si no las envían esta semana, comenzaremos a registrar a los que ingresaron por nuestros mecanismos”.

Belmonte coincidió con Planchart al señalar que la política del ingreso de la Opsu es “un fracaso”. Además, insistió en que las políticas sociales y económicas del Ejecutivo contribuyen a la exclusión universitaria, ya que aún si un joven estudia en una institución pública puede retirarse por dificultades con el transporte y la alimentación.

 

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