La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas rechazó las propuestas, los procedimientos y los efectos iniciales del Plan de Recuperación Económica presentado por el Ejecutivo Nacional.
Mediante documento enviado, el organismo señala que el paquete de medidas «lo que traerá como consecuencia es la dependencia económica total del Estado como único
abastecedor de bienes y servicios» por lo que rechazan entre otros aspectos, el aumento del 3.500% del salario básico que fuera decretado sin tomar en consideración la grave depresión que vive la actividad económica y que amenaza con exterminar las empresas que durante los últimos años han sobrevivido toda clase de controles y persecución.
«Este aumento que viene a avivar más la hiperinflación existente amenaza con terminar de destruir a la ya depauperada actividad industrial, a la agobiada prestación de servicios y a aniquilar los canales de distribución existentes. Aumentará indefectiblemente la huida del capital humano y financiero hacia otros países y llevará el desempleo y la necesidad de la gente a niveles nunca previstos».
La Cámara de Caracas destaca que el ejercicio del Poder Público en cualquiera de sus manifestaciones funcionales impone la observancia de los derechos fundamentales de los administrados.
«El respeto al derecho de propiedad y a la libertad económica, deben ser el
sustento de cualquier plan de generación de riqueza que busque lograr una mayor base
de imposición que financie el gasto público en beneficio de toda la comunidad»
Sostienen que el sector empresarial del país siempre ha estado dispuesto a colaborar con el
logro de los objetivos de las políticas públicas, disposición manifestada a través de las
instituciones, organizaciones gremiales, sin que hasta el momento haya sido escuchado.
El gremio reclama que «los mandatos sancionatorios representados en multas, cierres de
establecimientos y hasta las privativas de libertad a propietarios y colaboradores son sin
procedimientos administrativos y, por tanto, sin la posibilidad de acceder al expediente
correspondiente y poder ejercer la legítima defensa».
Aseguran que el establecimiento del incremento de la alícuota general del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras así como la definición de nuevos esquemas de anticipación del Impuesto Sobre La Renta y del referido
impuesto indirecto, partiendo incluso de la modificación de los periodos tributarios
mensuales a semanales, no solo afectan el flujo de caja operativo de las empresas, sino
que dificultan el cumplimiento de los compromisos de naturaleza laboral, contractual y
hasta tributarios con la República, los Estados, los municipios y órganos parafiscales.
La Cámara de Caracas solicita al gobierno nacional la búsqueda inmediata de formas concertadas que solucionen los problemas que impiden el desarrollo del país y del ciudadano para así garantizar el acceso inmediato a los bienes y servicios, mediante el incremento de la producción y la reducción de los índices de inflación.
Exhortan a que la normativa complementaria a ser dictada por la
Administración Tributaria se oriente a la búsqueda de la seguridad jurídica mediante
su transparencia, para evitar una incidencia perniciosa en el flujo de caja de las
empresas, efectos desincentivadores de la producción y aceleración de los precios por
incremento de la presión tributaria directa y los costos de cumplimiento y exigen el cese de las vías de hecho y las sanciones indebidas a las empresas, lo cual desalienta y frena la inversión y erosiona la confianza necesaria para la recuperación económica.
