Puerto Rico se acoge a la bancarrota y debe reestructurar deuda por $70.000 millones

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El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, solicitó este miércoles acogerse a una protección por bancarrota a fin de reestructurar su deuda de más de 70.000 millones de dólares, dos días después que venciera una moratoria de pago a los acreedores.

Aunque no se tienen cifras concretas, analistas estiman que la deuda total de Venezuela, incluyendo la de Pdvsa, oscila alrededor de los 140.000 millones de dólares, el doble del monto adeudado por Puerto Rico.

«Ante la realidad del calendario y la eliminación de la moratoria (…) tomé la decisión de solicitar a la Junta (de Supervisión Fiscal) que Puerto Rico se acoja a la protección del Título III para poder trabajar en un plan estructurado de lo que sería el pago de la deuda bajo los parámetros del plan fiscal», dijo Roselló en una conferencia de prensa.

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Rosselló afirmó que de esta forma se asegura la prestación de los servicios esenciales al pueblo puertorriqueño, ante la imposibilidad de cumplir con los acreedores de una deuda pública que asciende a 72.000 millones de dólares.

Según el Wall Street Journal, la de Puerto Rico es la mayor bancarrota municipal de la historia de Estados Unidos.

La deuda puertorriqueña deja pequeña la que padeció la ciudad de Detroit -de 18.000 millones de dólares- cuando entró en bancarrota en 2013.

 

El 1° de mayo, cientos de puertorriqueños se manifestaron en contra de las medidas de austeridad propuestas por la JCF.

Ese día, terminaba la moratoria a los acreedores que establecía PROMESA, acrónimo de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico. La medida fue aprobada a mediados de 2016 por el Congreso estadounidense.

Al día siguiente, varios tenedores de bonos rechazaron una propuesta del gobierno de Puerto Rico de pagar el 50% de su valor original y optaron por acudir a los tribunales federales en San Juan y Nueva York para reclamar la totalidad del dinero.

Roselló afirmó que su gobierno persigue cumplir con los acreedores con un pago a la deuda de cerca de 800 millones de dólares anuales, tal como está contemplado en el Plan Fiscal de su administración certificado por la JSF el pasado 13 de marzo.

El gobernador aclaró que esto representa un recorte de 80% en el pago del servicio de la deuda originalmente pactado con los acreedores por anteriores administraciones.

Puerto Rico arrastra una profunda crisis fiscal producto de la emisión de deudas de forma incosntitucional, a la vez que su economía se ha mantenido en retroceso en la última década, por lo que se hundió en un pantano que no le dejó otra opción que la bancarrota ante la negativa de Washington de lanzarle un rescate.

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