Necesidad de liquidez vía creación de empresas mixtas motivó en parte sentencias del TSJ contra la AN
Este abril es uno de los meses más difíciles para las finanzas nacionales. Tan solo en nueve días el Gobierno debe pagar 2,23 millardos de dólares de la deuda externa y en vista de que persiste la caída en los ingresos y no se han podido concretar préstamos adicionales, se prevé que las autoridades optarán por seguir recortando importaciones para disponer de divisas.
«El Gobierno está haciendo todos los esfuerzos para cumplir con los pagos, a costa de cualquier precio, pareciera que tiene claro que incumplir algún compromiso generará una reacción en cadena muy peligrosa para el país y para la operatividad de Pdvsa», aseguró la economista Tamara Herrera, de Síntesis Financiera.
En los últimos años el Ejecutivo ha intentado realizar distintas operaciones de reingeniería financiera y ha solicitado préstamos a petroleras y organismos multilaterales para obtener liquidez y honrar los compromisos, pero recientemente se le ha hecho más difícil lograr su objetivo, en parte por no contar con el aval de la Asamblea Nacional, que desconfía del destino que se le dará a los recursos.
La necesidad de obtener el financiamiento, aún en contra de lo dispuesto en la Carta Magna, fue uno de los motivos por los que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó la sentencia 156 que permite al Ejecutivo constituir nuevas empresas mixtas y modificar las existentes, sin necesidad de contar con la aprobación del Parlamento, aseguró el economista y profesor universitario, Ronald Balza.
A pesar de que el TSJ «revisó» las sentencias por medido del Consejo de Defensa de la Nación y revirtió la conculcación de las funciones de la AN por la Sala Constitucional, quedó intacta la potestad dada al Ejecutivo para que cree empresas mixtas sin aprobación del Capitolio.
Con información de El Nacional.
