Chavismo ha demostrado que solo quiere una Fiscalía General a favor suyo
La fiscal general Luisa Ortega Díaz reconoció públicamente que constituyen una alteración del orden constitucional las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que eliminaron la inmunidad parlamentaria a la presente Asamblea Nacional y en la práctica disolvieron el Parlamento, respectivamente.
A menos que la funcionaria aparezca en las próximas horas afirmando que sus declaraciones fueron malinterpretadas (use su imaginación para visualizar como algo así se puede tergiversar) este pronunciamiento constituye un desafío directo al oficialismo por la cabeza de una institución de primer orden del Estado, entre poderes públicos típicamente sumisos al chavismo. Diferentes dirigentes oficialistas han defendido las sentencias del TSJ y descartado que haya algo irregular en ellas.
Desde el principio, el chavismo en Miraflores ha demostrado que solo acepta poderes sumisos a sus intereses. El primer ejemplo vino justamente con el Ministerio Público. El primer titular de este despacho en el siglo XXI fue Javier Elechiguerra, abogado parte del equipo defensor de Hugo Chávez cuando estuvo detenido por el golpe fallido de 1992. Probablemente Chávez pensó que por eso sería parcial hacia el Gobierno como fiscal general. Pero rápidamente vio que estaba equivocado, pues Elechiguerra hizo señalamientos por corrupción contra el entonces ministro de Relaciones Interiores, Luis Miquilena. Al poco tiempo fue sustituido por Isaías Rodríguez.
Este último, a propósito, protagonizó un hecho similar al que hoy pone bajo el reflector a Ortega Díaz, pero en sentido contrario al oficialismo. El 12 de abril de 2002, el fiscal general Rodríguez desafió la tesis de que Chávez renunció en la madrugada de ese día a la Presidencia de la República. «Estamos en una situación que no se puede calificar sino de golpe de Estado», dijo entonces. Las declaraciones pueden verse en este video, a partir del minuto 2:00.
Por primera vez desde ese día, el Ministerio Público advierte sobre una alteración del orden constitucional en el país. Las secuelas de este acto de Ortega aún están por verse.
