Todos son suplentes y militantes de Voluntad Popular
Con la detención de Gilber Caro, acaecida ayer, sube a dos el número de diputados a la presente Asamblea Nacional tras las rejas. El otro es su compañero en Voluntad Popular, Renzo Prieto.
Cuando el Parlamento se instaló en enero de 2015, además de Prieto, otros dos legisladores electos por la tolda naranja, Rosmit Mantilla y Gilberto Sojo, estaban presos. Los tres fueron arrestados en el contexto de las protestas de 2014 contra el Gobierno. Mantilla fue liberado en noviembre, y Sojo, un mes después, presuntamente como parte de los acuerdos del hoy interrumpido diálogo entre oficialismo y oposición.
Además de militar en Voluntad Popular, Prieto, Mantilla, Sojo y Caro tienen en común el hecho de ser diputados suplentes. Eso no significa que no gocen de la misma inmunidad que sus compañeros principales. El artículo 200 de la Constitución garantiza esta prerrogativa desde el momento en que los diputados son proclamados ganadores de los respectivos comicios por el Consejo Nacional Electoral. Es decir, no tienen que juramentarse ante la plenaria para gozar de inmunidad.
El caso de Caro es más grave porque, a diferencia de los otros tres, fue detenido y todo indica que será procesado después de ser proclamado diputado. El vicepresidente Tareck El Aissami tuvo el «honor» de anunciar ante el país su captura. Manifestó que al dirigente «deberá aplicársele todo el peso de la ley» y que para ello «se procederá de acuerdo con la Constitución». Sin embargo, en el caso de Caro la Carta Magna ya fue violada. El referido artículo 200 dicta que si un diputado es capturado en flagrancia, como según El Aissami ocurrió con Caro (lo detuvieron con armas y explosivos de uso exclusivo de la FANB), el parlamentario deberá ser recluido en su residencia mientras el arresto es notificado al Tribunal Supremo de Justicia. En cambio, Caro fue enviado a la sede del Sebin en Naguanagua, Carabobo.
Precedentes incómodos
Aunque Mantilla, Prieto y Sojo ya estaban detenidos al momento de su proclamación como diputados, debieron igualmente ser liberados en virtud de su inmunidad. Hay precedentes para esos casos.
En 1976, David Nieves y Salom Mesa, militantes de la Liga Socialista y del Movimiento Electoral del Pueblo respectivamente, fueron arrestados luego de que los vincularan con el secuestro del empresario estadounidense William Niehous. Dos años después fueron inscritos como candidatos a la Cámara de Diputados del Congreso… Y ganaron, así que los pusieron en libertad. Toda una ironía, si se tiene en cuenta el relato chavista sobre una «Cuarta República» podrida desde sus inicios por su talante autoritario, violador de leyes y de Derechos Humanos.
Incluso si en un uso cínico de esa ironía se esgrimiera el argumento de que «eso pasó en la Cuarta, y ahora hay un régimen constitucional distinto», no serviría. Hay otro precedente, en la «Quinta». Se trata del caso del diputado Biagio Pilieri, detenido en 2009 por supuesta corrupción durante su gestión como alcalde del municipio Bruzual de Yaracuy (Chivacoa), entre 2000 y 2004.
La Mesa de la Unidad Democrática lo inscribió como candidato a la AN en 2010. Resultó electo, pero en vez de ser liberado tras su proclamación, la corte de Yaracuy a cargo de su caso remitió al mismo al Tribunal Supremo de Justicia y puso a Pilieri bajo arresto domiciliario. Siguió una serie de trabas burocráticas y judiciales. En febrero de 2011 un grupo de estudiantes inició una huelga de hambre exigiendo la liberación de presos políticos. Como resultado, se produjo una reunión con el entonces ministro de Relaciones Interiores, ni más ni menos que Tareck El Aissami. Pilieri fue liberado al día siguiente.
